La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tiene en la mira al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará nuevos testimonios clave en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso la citación de las jubiladas que aparecen vinculadas a la operación inmobiliaria bajo análisis y que habrían contribuido al financiamiento del inmueble adquirido por el funcionario.

Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes deberán presentarse a prestar declaración testimonial en el marco de la causa que investiga la evolución patrimonial de Adorni. Ambas figuran como parte de la operatoria que permitió concretar la compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, propiedad que el funcionario adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti.

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De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un monto total de U$S230.000. En ese contexto, Adorni habría abonado un anticipo de U$S30.000 y financiado los U$S200.000 restantes mediante un esquema de deuda que ahora es objeto de análisis judicial.

Como parte de las medidas impulsadas por la fiscalía, Viegas y Sbabo deberán concurrir con sus teléfonos celulares, con el objetivo de que se periten sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes vinculadas a las operaciones investigadas. La intención es reconstruir el circuito financiero y determinar el grado de participación de cada una en la transacción.

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El avance de la causa no se limitará a estos testimonios. Para la semana próxima también fueron convocados los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, quienes deberán comparecer el lunes 20 desde las 9. En tanto, el miércoles 22 será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas.

Según se desprende de otras declaraciones incorporadas al expediente, existiría un vínculo personal entre Feijoo y Adorni, lo que explicaría ciertas condiciones atípicas de la operación. La escribana Adriana Nechevenko indicó que las mujeres otorgaron una hipoteca a un año sin intereses “debido a la confianza que había entre las partes”.

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La causa también incluye otros elementos que buscan determinar si existió un presunto enriquecimiento ilícito. Entre ellos, se analiza la adquisición y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá, así como los movimientos financieros relacionados con viajes y declaraciones juradas del funcionario.

En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras involucradas. Además, el Ministerio Público solicitó información patrimonial a organismos oficiales para establecer si las personas que participaron en las operaciones contaban con capacidad económica suficiente para respaldar los créditos otorgados.