El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) presentó este lunes un escrito a través de su abogado, Juan Colombres Garmendia, en el que reprocha la conducta del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa que investiga la agresión perpetrada por Marcelo “Pichón” Segura. Incluso, la querella advirtió que hubo un giro drástico en la pesquisa, que en un principio apuntaba a otros posibles involucrados.

La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela, en el marco de una serie de planteos que habían generado posturas contrapuestas entre la estrategia legal del dirigente liberal y el MPF.

En primer lugar, Colombres Garmendia mencionó la cuestión de los informes telefónicos que había solicitado respecto a una línea que pertenecería a Segura. Recordó que había pedido esa prueba, y que “se enteró de que había liberado oficio a las compañías en plena audiencia” ante el juez de la causa, Raúl Robín Márquez, del Centro Concepción.

En un segundo punto, aludió a los informes médicos aportados por la defensa, a cargo de Ernesto Baaclini, que derivaron en la morigeración de las condiciones de la prisión preventiva dictada contra Segura (pasó de la cárcel de Benjamín Paz al arresto domiciliario). Además de advertir que se le compartió la certificación médica también “en pleno desarrollo de la audiencia”, indicó que cuando accedió al legajo notó que “el informe del doctor Neme Sheij presentaba fecha del 16 de marzo de 2026”, es decir, cinco días después de la agresión. Ante “la grave anomalía observada”, añadió la querella, se requirieron precisiones sobre la fecha de presentación, aunque dijo que hasta el momento no se le brindaron estos datos. “No se puede desconocer que, el hecho de ‘privar’ (para ser delicado) del conocimiento de información de relevancia a una de las partes la sitúa en un plano de desigualdad, impidiéndose el ejercicio del derecho de contradicción, como parte integrante del derecho de defensa en juicio, lo que se encuentra menoscabado”, expresa el escrito. E insiste con que “concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave, y el MPF pareciera no entenderlo”.

En el último apartado, la querella hizo foco en que, bajo la normativa vigente, cada parte “puede tener su propia teoría del caso”, a la vez que el Ministerio Público Fiscal tiene la titularidad de la acción penal pública. Pero objetó que hubo “una modificación de 180°” en la teoría expresada por la Fiscalía respecto a la primera audiencia, en la que se le formularon los cargos y se dispuso la prisión preventiva de cuatro meses contra Segura.

En ese sentido, se mencionó que la Fiscalía se había referido al imputado y a “un grupo de personas aún no identificadas”. “Es decir, quedaba identificar a quienes habían participado junto a Segura del hecho investigado, pero a la fecha no se produjo evidencia alguna al respecto”, señaló el abogado de Pelli. Y cuestionó el tratamiento dado a un informe pericial médico de parte “que dejaba en claro que Segura se encontraba en condiciones” de estar en la cárcel, y solicitaba una junta médica para que se expida. “Esa postura asumida, de limitar la posibilidad de proponer y adjuntar evidencias, marca el rumbo impreso a esta investigación penal preparatoria, donde los derechos de la querella son desconocidos y avasallados”, señaló Colombres Garmendia en el texto elevado ante el MPF.

El viernes pasado, a su vez, Pelli fue convocado a prestar declaración como víctima. “Sentía que el rol de ellos había sido muy bueno en un comienzo, porque había sentido que estaban en tenor a la gravedad de los hechos. Posteriormente, me decepcionó mucho la decisión de que se otorgue un beneficio como la prisión domiciliaria, sin que la Fiscalía se haya opuesto en lo más mínimo”, indicó el diputado nacional. A pesar de esto, transmitió la “expectativa de que (el MPF) retome el buen trabajo hecho en el comienzo, y de que velen y representen los intereses de la víctima”.

Ahora, resta ver qué curso sigue el escrito presentado por la querella ante el MPF. La semana pasada, por lo pronto, el dirigente libertario sumó una nueva resolución adversa, tras un escrito elevado ante el juez para cuestionar la decisión del arresto domiciliario. Robín Márquez, al tras analizar la procedencia del recurso, decidió denegar “por formalmente inadmisible y manifiestamente improcedente” el planteo en cuestión, advirtiendo que este tipo de medidas deben ser revisadas en audiencias orales.

Claves del caso

1) El 11 de marzo, el diputado Pelli concurrió a La Madrid, junto a una comitiva de dirigentes de La Libertad Avanza, para entregar donaciones a personas damnificadas por las tormentas.

2) Tras un breve intercambio de palabras, el referente liberal recibió un brutal cabezazo en el rostro de Segura. Producto de las lesiones (fracturas en los huesos de la nariz), debió ser sometido a una cirugía y podría tener que afrontar una nueva operación.

3) Segura, empleado público, quedó detenido bajo prisión preventiva por cuatro meses. En principio, fue enviado a la cárcel de Benjamín Paz. Por razones de salud, el juez le otorgó el beneficio del arresto domiciliario. No se descarta que el proceso avance a una salida alternativa de conflicto prevista en la normativa, como un juicio abreviado.