Hace casi 99 años, un título del 5 de julio de 1927 de LA GACETA advertía: “La toxicomanía es un mal que está minando todas las clases sociales”, y añadía: “a pesar de que el tráfico de alcaloides se realiza sin ocultamiento en las oficinas públicas y en los cafés, la policía nada hace por impedirlo”. ¿A qué alcaloides se refería? A la cocaína, que “está haciendo verdaderos estragos”. Decía que los traficantes de “la droga blanca” operaban en las oficinas públicas “en las barbas de las autoridades”... y “en los cafés los mismos sujetos efectúan sin ocultamiento la venta de cocaína tan impúdicamente que no se guarda la menor reserva y, por el contrario, enviciados y traficantes hacen alarde de sus miserias morales los unos y de su desvergüenza los otros”. La nota, de intenso contenido editorial, sin dejar de destacar que ocupaba la Jefatura de Policía “un hombre íntegro que no puede empañar su nombre ni su tradición social con una complicidad de esta especie”, criticaba que a la campaña para pedir una reacción oficial la fuerza del orden “puso oídos de mercader a nuestra prédica”.
“Profunda deshumanización”
Un siglo después, en la entrevista de hace dos semanas de “Panorama Tucumano” que reunió al médico Jorge Raúl Sánchez, con más de 25 años de trabajo en adicciones, y al psicólogo social Emilio Mustafá, especialista en abordaje comunitario, se señaló que la droga no es el problema en sí mismo, sino el síntoma de una sociedad en crisis, que el fenómeno se ha naturalizado y que “estamos en un momento de profunda deshumanización” (Mustafá). Además, “el problema no es sólo la sustancia, sino el vínculo que la persona establece con eso que consume. Puede ser una sustancia ilegal, pero también puede ser el alcohol, la nicotina, los psicofármacos o incluso conductas como el juego... cuando miramos los datos, las adicciones más frecuentes son las legales. El alcoholismo sigue siendo el principal problema, con un impacto enorme en la estructura familiar y social. Después viene la nicotina, que es una de las adicciones más difíciles de tratar, y luego los psicofármacos. Recién después aparecen sustancias como la cocaína. Entonces, si solo ponemos el foco en lo ilegal, estamos dejando afuera gran parte del problema” (Sánchez).
Ahora estamos observando las ramificaciones de un asunto que se ha desbordado, según dicen las mismas autoridades. Ha llegado hasta el más pequeño pueblito, donde el negocio del narcotráfico funciona como una sociedad paralela en la que los traficantes organizan buena parte de la vida comunitaria, prácticamente “en las barbas de las autoridades”, como describía LA GACETA hace un siglo.
Eso ven los vecinos en los barrios periféricos. “Alguien que le vende droga a un chico de 11 años no lo percibe como un niño, lo ve como parte de una transacción. Esa lógica de mercado se metió en la vida social”, dice Mustafá. Y las autoridades ven en general lo que logran capturar en sus operativos, pero no saben cómo va y cómo viene, sino que estiman lo que pasa a través de sus capturas. “Es mucha droga la que se mueve por las rutas del norte”, dijo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.
El fin de semana pasado fue un ejemplo de lo que sucede. En dos operativos las autoridades secuestraron 260 kilos de cocaína. En el mayor (240 kilos), los traficantes -dos personas muy vulnerables, contratadas evidentemente para esta tarea (una era una mujer de Bolivia, con seis meses de embarazo) llevaban los “ladrillos” de droga en bolsas de arpillera, como si fueran choclos, en la parte de atrás de una Renault Duster. El análisis sobre el asunto estuvo vinculado con las estrategias de los narcotraficantes de enviar a sus mandaderos por los caminos polvorientos de Chuscha, con los estupefacientes cargados posiblemente en el sur de Salta, adonde llegaron en aviones que no fueron detectados por quienes controlan. El gobernador Osvaldo Jaldo, empecinado en dar batalla contra esta marea de droga, ha aumentado cada vez más los recursos. Esta semana se entregaron 42 motos a la Policía para que acompañen las tareas del Operativo Lapacho. Dice que hace falta radarización para captar los aviones y pide que en el NOA se coordinen tareas. Hasta ahora eso no ha sucedido.
Crece sin pausa
Mientras tanto, sólo con los datos de lo incautado se puede tener una idea de lo que ocurre. Mientras en Salta y Jujuy han disminuido los secuestros de cocaína, en Tucumán han crecido un 11% (y los de marihuana un 60%) en lo que va del año. Esto permite al fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, considerar que Tucumán “se transformó en un centro de acopio o un lugar de escala de los envíos de sustancias”. Se habla de descontrol aéreo y de fallas y de corrupción de quienes controlan en las rutas. Se mencionna casos específicos de gendarmes acusados o procesados por corrupción.
Párrafo aparte para el consumo de drogas más allá de los barrios periféricos, de las plantitas de cannabis y de la circulación de porros por todas partes, que no ocupan mayormente las preocupaciones oficiales, excepto en las cifras de la Sedronar, que desde hace años advierte sobre los riesgos del alcohol por encima de los de las drogas.
La floja desfederalización
Esto no le pasa sólo a Tucumán. Le ocurre al país y más allá. Hace varios años, cuando se empezó a hablar de desfederalizar el combate al narcotráfico y promover que las provincias se ocupen del narcomenudeo, se dijo que se iba a perder de vista a los verdaderos narcos, los que organizan y distribuyen las grandes cantidades de estupefacientes, ganan millones y corrompen las sociedades. Y que iban a caer sólo los “perejiles”. Pues ya se ha desfederalizado, y la Justicia Federal no está más aliviada para ocuparse de los grandes narcos, sino que arrastra pavorosas faltas de personal y de infraestructura.
Pasados estos 99 años desde aquella denuncia periodística, bien vale la pena preguntarse si las estrategias han servido para hacer frente a “la terrible amenaza que el avance de la toxicomanía constituye para Tucumán”, como finalizaba la nota. ¿Sabemos por dónde vamos? Mustafá, que de ser operador solitario pasó a formar parte de los equipos del Gobierno, dice que “se necesitan políticas públicas sostenidas, no medidas aisladas. Esto no se resuelve en el corto plazo. Hay que pensar estrategias a 10 o 15 años, con inversión y con articulación entre distintos actores”.