Hay una frase publicada en las distintas plataformas de LA GACETA que obliga a detener el tiempo y a reflexionar. Posiblemente, para muchos pudo haber pasado inadvertida en esta era vertiginosa donde todo dura muy poquito. En realidad, aguanta lo suficiente para tomar nota, pero nada más. La frase era más larga pero la vamos a acortar en función de adecuarnos a estos tiempos: “la democracia sigue existiendo en cuanto sistema electoral, pero ha dejado de ser un gobierno en el que la sociedad realmente participa. En consecuencia, los ciudadanos se repliegan hacia intereses cada vez más alejados del quehacer político”. El autor de esto es Peter Mair, autor del libro “Gobernando al vacío”. Quien hizo posible entender esta frase y rescatarla del maremágnum de opúsculos que dan vueltas fue el columnista de LA GACETA Guillermo Monti. En su nota de ayer, Monti se preocupó especialmente en subrayar la banalización de la política. Describió con pluma simple y punzante cómo un acto mayúsculo como puede ser que un jefe de Gabinete rinda cuentas ante los representantes del pueblo, se vuelva una simple puesta en escena con un público calificado devenido en barrabravas.
En ese coliseo no estaban ni los gladiadores ni los esclavos ni los prisioneros de guerra para que un pulgar definiera su vida. En el Congreso estaban los elegidos por cada uno de los argentinos para definir el futuro del país. Sobre sus espaldas y en su día a día está la responsabilidad de construir la Nación. Es posible que ellos ni se den cuenta, por eso sintetizan la vida en un posteo de redes sociales.
En Tucumán no hace mucho tiempo aunque ya parece un hecho de un pasado lejano hubo un atroz atentado a la democracia y a la vida pública. El 13 de marzo, para ser más preciso, un fulano resolvió que la forma más perfecta de hacerse entender era con violencia y pegando un cabezazo al prójimo. La víctima no era un ciudadano más, era un diputado nacional, por lo tanto un elegido del pueblo que así como tiene más responsabilidades que la mayoría de los mortales, también merece un mínimo de respeto.
Esas son las disquisiciones en las que se ve envuelto todos los días el tucumano. Si al diputado nacional le pueden cerrar el paso con la violencia de un cabezazo ni qué pensar las consecuencias que puede sufrir el ciudadano de a pie, sin respaldo popular, cuando intente actuar libremente. El vacío del que habla Peter Mair es el que genera el ciudadano al retirarse de la vida cotidiana dejando que el actor principal sea otro. Tal vez un mengano que administra o gestiona pero no representa.
A raíz de este episodio la diputada nacional Soledad Molinuevo responsabilizó de aquel acto de violencia del tristemente célebre “Pichón” Segura al mandatario provincial y de paso le dijo que tenía prácticas mafiosas.
En pocas horas los tucumanos fueron espectadores de una película donde los actores principales (el gobernador y la diputada) empezaron a dirimir sus cuitas en la Justicia. El titular del Poder Ejecutivo presentó una medida autosatisfactiva para que de alguna manera la representante de La Libertad Avanza no avance más y en todo caso retroceda como en en el juego de la Oca. La medida autosatisfactiva tiene un fin inmediato y no abre un juicio posterior. Y, el juez del fuero Civil y Comercial de la Justicia provincial Pedro Cagna actuó con premura. El magistrado infirió que la diputada había hecho afirmaciones (no había opinado) y por lo tanto las afirmaciones fácticas no deben afectar el honor de las personas. Paralelamente, le ordenó levantar (borrar) las publicaciones que había hecho en las redes sociales. Interpreta que la viralización de estas expresiones exigen la intervención o tutela de la Justicia porque el daño reputacional es dinámico y por lo tanto la reparación ulterior puede ser insuficiente. De todos modos, el magistrado no vio la necesidad de que la diputada se retractara ni que pidiera disculpas.
Una suerte de contradicción
Para los legos a quienes las cuestiones jurídicas nos quedan a larga distancia, la resolución del magistrado abre una suerte de contradicción. De alguna manera evita que haya una censura previa al negarse a la retractación que pide el gobernador, pero ese mismo principio no se aplica en la eliminación de los contenidos que se pusieron en las redes sociales.
En casos similares donde la libertad de expresión se confronta con el derecho de la intimidad la Corte Suprema de la Nación tiene numerosos fallos. En ellos sostiene su autoridad institucional como intérprete de la Constitución y exige que al resolver casos análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y seguidas por los tribunales inferiores como sería en este caso. Es obvio, que deja abierto a que en algún caso particular se den los fundamentos para modificar esos criterios cosas que aquí no habría ocurrido.
Al margen de esta contradicción hay un punto más a analizar: la investidura de quien hizo el planteo. Hay estándares preestablecidos que determinan que la garantía del derecho a la intimidad no es obstáculo cuando lo que se difunde es de interés público. También se precisa que cuando se trata de funcionarios públicos o de personas con notoriedad social su actuación pública o privada puede ser divulgada cuando esté estrictamente relacionada con la actividad que les otorga popularidad y siempre que se justifique el interés general. En el argumento del magistrado tucumano sobre el daño reputacional, dinámico, acumulativo e irreparable que causan las redes sociales se ajustaría a expresiones dirigidas contra el más alto funcionario del Poder Ejecutivo de la provincia. Además se trata de un hecho de violencia política pública que además tomó notoriedad nacional. Pareciera como si lo que hizo la diputada fuera más cuestionable porque el actor es el gobernador y no al revés.
Si nos ajustamos a la jurisprudencia, las expresiones cuestionadas no se refieren a los aspectos íntimos desconectados de la función pública sino que lo vinculan con un episodio de notoriedad pública ocurrido en la provincia que él gobierna por mandato popular. Por lo tanto, se podría inferir que la sentencia invierte el estándar previsto por fallos anteriores. Por lo tanto la condición de funcionario público reduce el umbral de protección frente a la crítica formulada cuando en realidad debería aumentarla según el criterio que se viene aplicando jurisprudencialmente. De alguna manera, convertiría la investidura en un escudo reforzado contra la crítica política. Qué quedaría entonces para el ciudadano común que a diario es blanco en las redes sociales de cualquier tipo de improperios, incluso del Presidente de la Nación.
Los riesgos
Más allá de estos intríngulis que caminan por los pasillos tribunalicios, el mal trato a la libertad de expresión y los riesgos de la censura previa agravados en la crítica de quienes ocupan lugares preponderantes en la vida pública contribuyen al vacío de la democracia que nos advertía el columnista de LA GACETA en su nota de ayer. Dice Yuval Noah Harari que “la democracia es una conversación con múltiples voces, en cambio el populismo opera bajo la lógica de un monólogo en el que un único líder se atribuye la representación exclusiva del pueblo y busca monopolizar toda forma de autoridad y desmantelar las instituciones intermedias que deberían funcionar como mecanismos de autocorrección”. Cualquier parecido a nuestra realidad es pura casualidad.
Hay un riesgo en presuponer que los planteos autosatisfactivos que se han concebido para supuestos de escasas complejidad fáctica y jurídica comiencen a operar como vehículo para resolver colisiones entre libertad de expresión y derechos personalísimos. El riesgo es que la prohibición constitucional de censura previa se desdibuje. Es que la libertad de expresar ideas independientes y de criticar al poder no es sólo un derecho fundamental sino que es uno de los anticuerpos democráticos contra la pandemia populista y otros excesos. Toda decisión que afecte estos derechos implica una degradación institucional.
Esta semana que nunca más volverá tuvo un día fundamental que siempre queda minimizado por el trascendental día del trabajador. Es que el primero de mayo también es el día de la Constitución Nacional. Por ese motivo, en algunas escuelas se les propuso a sus alumnos jurar su fidelidad a la Constitución. Lo hicieron con una promesa tras escuchar las palabras del Preámbulo. Tal vez si nuestras generaciones nos hubiéramos podido comprometer a “constituir la unión nacional, afianzar la Justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad” nuestra realidad sería muy diferente.