La situación judicial de Evo Morales volvió a generar una fuerte crisis política y social en Bolivia luego de que la Justicia avanzara con un pedido de captura y un juicio en rebeldía en su contra. El exmandatario está acusado en una causa por presunta trata y tráfico de personas, vinculada a una relación que habría mantenido con una adolescente cuando ejercía la presidencia del país.
El expediente, iniciado originalmente en 2020 y reactivado años después, provocó movilizaciones de sectores afines al líder cocalero y profundizó la tensión política en el país vecino.
Represión y disturbios en las las protestas de BoliviaDe qué acusan a Evo Morales
La investigación gira en torno a una presunta relación que Morales habría mantenido entre 2014 y 2016 con una menor de edad. Según la denuncia, la joven tenía 15 años cuando comenzó el vínculo y posteriormente habría dado a luz a una hija.
Por ese motivo, la causa fue encuadrada bajo los delitos de trata y tráfico agravado de personas. La Fiscalía sostiene que existen indicios de que los padres de la adolescente habrían recibido beneficios políticos a cambio de permitir la relación con el entonces presidente boliviano.
Siguen las protestas en Bolivia, pese a la presión del gobiernoLa denuncia inicial fue presentada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez tras la salida de Evo Morales del poder en 2019. En aquel momento, autoridades judiciales aseguraron haber corroborado documentación vinculada con la identidad de la menor y el nacimiento de la niña.
La causa fue archivada y luego reactivada
Poco después de iniciada, la investigación quedó archivada. En ese período, Morales permanecía fuera de Bolivia y se encontraba refugiado en Argentina, mientras asumía la presidencia Luis Arce, aliado político y exministro de Economía del exmandatario.
Sin embargo, con el deterioro de la relación entre ambos dirigentes del oficialismo, la Fiscalía de Tarija decidió reactivar el expediente e imputó formalmente a Morales junto a los padres de la presunta víctima.
La fiscal Sandra Gutiérrez afirmó públicamente que el proceso no responde a motivaciones políticas y sostuvo que el Ministerio Público reunió una importante cantidad de pruebas para avanzar hacia un juicio oral.
El Gobierno enviará un avión Hércules a Bolivia ante la crisis por protestas y desabastecimientoMás de 170 pruebas y decenas de testigos
De acuerdo con la Fiscalía, el expediente cuenta con más de 170 elementos probatorios y 39 declaraciones testimoniales. Entre las pruebas figuran documentos oficiales, pericias y testimonios vinculados a la presunta relación entre Morales y la joven.
Además, uno de los puntos centrales de la investigación es la acusación contra los padres de la mujer, quienes habrían obtenido cargos públicos como contraprestación por facilitar el vínculo.
En paralelo, trascendieron cartas atribuidas a la presunta víctima, actualmente adulta, en las que reconoce haber mantenido una relación con el exmandatario desde la adolescencia y sostiene que existe una persecución judicial y política contra su familia.
Violentos enfrentamientos en Bolivia: 47 detenidos y cinco heridos tras operativo para despejar rutasEvo Morales fue declarado en rebeldía
Hace pocos días debía comenzar el juicio oral en Tarija, pero la ausencia de Evo Morales y de su equipo legal provocó que el tribunal lo declarara en rebeldía y ordenara una nueva captura.
La defensa del expresidente argumentó que la notificación judicial fue irregular y denunció que el proceso tiene motivaciones políticas. También cuestionó que Morales no hubiera sido citado personalmente.
Mientras tanto, el líder del Movimiento al Socialismo permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical y político, resguardado por seguidores que buscan evitar una eventual detención.
Tensión política y protestas en Bolivia
La causa judicial volvió a encender la crisis política en Bolivia. Seguidores de Morales realizaron protestas y tomas en distintas zonas estratégicas, incluido el aeropuerto de Chimoré, cercano al lugar donde permanece el exmandatario.
En los últimos meses, la tensión se agravó por las diferencias internas dentro del oficialismo y por las reformas impulsadas por el gobierno boliviano tras el cambio de escenario político en el país.
Las movilizaciones de sectores cocaleros, campesinos y sindicales mantienen en alerta a las autoridades mientras la Justicia intenta avanzar con uno de los expedientes más delicados que enfrenta el expresidente boliviano.