Por Cecilia Caminos - Agencia DPA
BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino recibió un fuerte impulso con la abrumadora aprobación parlamentaria de la nacionalización de las acciones de la petrolera YPF en manos del grupo español Repsol, que deberá capitalizar ahora para enfrentar los desafíos de reactivar la producción hidrocarburífera, recuperar la confianza para atraer inversiones y normalizar la relación con Madrid.
En una nueva vuelta de la historia, el kirchnerismo y gran parte de la oposición respaldaron la recuperación de la petrolera que había sido privatizada en la década del 90 por el presidente peronista Carlos Menem (1989-1999), entonces también con apoyo del Congreso y de las provincias productoras, entre ellas la Santa Cruz gobernada en aquel momento por Néstor Kirchner.
El Estado argentino controlará ahora el 51% de las acciones de YPF, Repsol se queda con poco más del 6%, mientras que el Grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazi, posee el 25,47% y otro 17,11% está en poder de otros inversores. Los especialistas estiman que se necesitarán importantes inversiones en el corto y mediano plazo, de entre U$S 10.000 y U$S 20.000 millones, para recuperar los niveles de producción y exploración. También para obtener la tecnología moderna necesaria para extraer las enormes reservas de "shale oil" hallados en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén. En lo inmediato, la urgencia que enfrenta la nueva YPF en manos del Estado argentino es garantizar el abastecimiento de combustible -que desde tiempo sufre carencias- y de gas para el inminente invierno austral.
Uno de sus principales desafíos de la nueva ley será regenerar el clima de confianza para atraer las millonarias inversiones que demandará la explotación. Una tarea compleja ante la dura reacción que mostró España, respaldada por la Unión Europea, tras la decisión de Kirchner de nacionalizar YPF.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, insistió en las últimas horas en que se llegue a una solución negociada y se pague el precio justo por las acciones expropiadas a Repsol. El presidente de la compañía española, Antonio Brufau, reclama unos U$S 10.500 millones, pero el valor a pagar será definido por el Tribunal Nacional de Tasaciones y todo hace prever un largo proceso judicial hasta que se fije el precio final. "No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son U$S 10.000 millones. ¿Y eso dónde está?", cuestionó el viceministro de Economía y cointerventor de YPF, Axel Kicillof. Precisó que Repsol, desde su ingreso a YPF en 1998, invirtió U$S 13.000 millones y retiró U$S 22.000 millones.