BUENOS AIRES/NUEVA YORK, Estados Unidos.- Argentina hará un último intento esta semana por frenar una decisión judicial estadounidense que sacudió su estrategia para dejar atrás la crisis de deuda del 2002 y alimentó el temor a un nuevo incumplimiento.

Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, el país se enfrenta a una dura elección entre depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.

Inversionistas que tenían cerca del 93% de los títulos incumplidos acordaron en 2005 y 2010 canjear esa deuda por bonos nuevos.

La decisión de la semana pasada del juez de distrito Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por la compañía conocida por manejar "fondos buitres", NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management, que siguieron por 10 años litigando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.

El fallo de Griesa ha consternado a los inversores que participaron en los dos canjes de deuda anteriores, que podrían reclamar ahora un pago total de sus papeles, y en la Bolsa de Nueva York se habla del peligro de que el país entre en un cese de pagos técnico sobre alrededor de 24.000 millones de dólares en bonos reestructurados.

El dilema al que se enfrenta la presidenta, CristinaFernández es que una ley local prohíbe ofrecerles mejores términos que los que ya se dio a los demás inversionistas, y hacerlo expondría al país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.

Según analistas favorables a los mercados internacionales, un cese de pagos -aunque de naturaleza técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la economía local, y conduciría a un aislamiento del país en el entorno financiero global, y significaría un peligro para inversión en un momento en que la economía se ralentiza.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que las repercusiones del caso se extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, y que la exigencia de pago total dificulte futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los sistemas globales de pago.

Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos 3.300 millones de dólares en capital e intereses. Al igual que Argentina, esos acreedores se están preparando para apelar el fallo de Griesa, que refleja su creciente frustración con las encendidas declaraciones de Fernández y otros funcionarios para eludir el pago.

Si la demanda de Griesa para el pago de 1.300 millones de dólares en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la rechazaron.

NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesta a negociar con Argentina y consideraría una combinación de efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente familiarizada con la posición de NML bajo condición de anonimato.

El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito usados para protegerse contra el impago de deuda.

"Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de los 1.300 millones de dólares.

"Colonialismo judicial"
El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, quien al igual que Fernández dice que no se les pagará a los tenedores de deuda no reestructurada, calificó la semana pasada la decisión de Griesa como "un a especie de colonialismo judicial".

"Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta Flota (de la Armada estadounidense)", dijo Lorenzino a los periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar hoy una apelación contra la decisión de Griesa en el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.

Los abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton- pedirán restablecer la suspensión del fallo que obliga a hacer el pago a los tenedores y disputarán su decisión completa.

El argumento será que pone en riesgo futuras reestructuraciones de deuda y a instituciones financieras globales como cámaras de compensación y bancos que actúan como agentes de pago, según el medio.

Muchos especialistas piensan que es poco probable que la corte de apelaciones atienda el pedido. "Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los 1.300 millones de dólares", escribió el analista de Eurasia Group Daniel Kerner, la semana pasada.

"Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así que al final será una decisión política (y) no parece haber un apoyo político para el pago de los inversores excluidos", agregó. LA GACETA©