"Nada se pierde, todo se transforma", afirmó el químico francés Antoine Lavoisier en el siglo XVIII, y su sentencia se convirtió en ley. En Tucumán, hace menos de una década, estalló un escándalo interno en la Dirección General de Rentas (DGR) por expedientes que se extraviaron, poco antes de una investigación por presuntas irregularidades que le habrían costado más de $ 2,8 millones a las arcas provinciales.

¿En qué se habrán transformado esos archivos, que nunca más aparecieron? Por lo pronto, en un escándalo que enfrenta en una investigación contable al actual director de la DGR, Pablo Adrián Clavarino, con cuatro ex empleados de la repartición: Emilio Armando De Lisi, ex titular de Rentas y actual contador fiscal del Tribunal de Cuentas (TC); Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento Fiscalización; Silvio Bellomío, ex subjefe de la Subdirección Legal y Técnica, y actual secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; y Miguel Ángel Jaime, quien habría recibido la mayoría de los documentos que motivaron una compleja pesquisa.

En el marco de un juicio de responsabilidad vigente, iniciado por el TC en 2009, Bellomío -a través de sus abogados, Marcos Rougés y Agustina Bauque- presentó un escrito para denunciar que se le negó el acceso a la causa, y que se habría intentado sustraer un informe vital. "Corren los rumores de que (...) se habría querido hacer 'desaparecer' ese dictamen, que aparentemente mencionaría la responsabilidad del propio denunciante Clavarino, lo que implicaría un gravísimo delito de adulteración de instrumento público", reza la presentación, que consta en el acuerdo Nº 3639/12 del TC.

Las autoridades del ente de control, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) echaron por tierra esas presunciones, y cuestionaron el tono del escrito de los letrados Rougés y Bauque.

"Esa afirmación (sobre los rumores del dictamen desaparecido para favorecer a Clavarino) adquiere un elevado grado de temeridad cercana a la fabulación calumniosa. El temor resulta infundado y excesivo", destacaron los titulares del organismo.

Así, se sumó un nuevo capítulo en la escandalosa pesquisa en la Dirección General de Rentas.

El inicio del escándalo
El 2 de junio de 2008, a raíz de una serie de actuaciones elevadas por Clavarino, el Tribunal de Cuentas sustanció una comprobación sumaria en la DGR "a los efectos de deslindar y determinar las responsabilidades" por una serie de presuntas anomalías.

Según determinó una auditoría interna en la repartición, entre 1999 y 2002 se produjo el archivo de 435 expedientes que contenían boletas de deudas y otros documentos fiscales de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, por períodos anteriores a 1999. La finalización de estos trámites, en consideración de los contadores fiscales, habría sido realizada de manera irregular, ya que se argumentaba un supuesto bloqueo fiscal que nunca se había corroborado. "El presunto daño patrimonial podría ascender al menos a la suma de $ 2,8 millones", consta en las resoluciones del TC.

¿En qué consistía la presunta maniobra, según el organismo de contralor? El acuerdo 370/09 indica que todos los expedientes se iniciaron por fiscalizaciones a distintos contribuyentes, y "concluyeron con determinación de crédito fiscal". Estos documentos estaban listos para ser notificados. Pero a partir del período fiscal 1999, no registraban movimiento. En 2002, esos papeles fueron archivados.

Los auditores consideran que los expedientes permanecían en el Departamento de Fiscalización, que conducía Arredondo. Luego, eran enviados a la Subdirección Técnica y Legal, entonces a cargo de Bellomío, con un rótulo que decía: "paralizado por bloque fiscal". Arredondo, en opinión de los investigadores, no estaba habilitado para tomar esa disposición. Pero Bellomío, según la pesquisa, ordenaba de todas maneras el archivo de aquellos documentos.

El empleado Jaime, quien recibió una sanción de 10 días de suspensión en la DGR por este caso y fue declarado en rebeldía por el TC por no comparecer al juicio de responsabilidades, es considerado una pieza clave. Según se determinó, las actuaciones fiscales habían sido recibidas por él, y en su mayoría no habían sido registradas en el sistema informático de la repartición. Aún así, los auditores estiman que Jaime le entregaba a Bellomío los expedientes en la mano. Incluso, hay datos de que existía una planilla de Excel con el detalle de esos documentos, pero alguien borró esos datos de las computadoras de Rentas.

A modo de ejemplo, los contadores fiscales consignaron el expediente 15929/376/D/99, que se originó por la inspección al contribuyente División Lubricantes S.A. En esa carpeta, según el acuerdo 370/09, estaba la boleta de deuda Nº B-2688-1999, correspondiente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un monto de $ 225.066, y sólo faltaba una firma para que se notificara al contribuyente. Pero desde el 16 de septiembre de 1999 hasta el 20 de septiembre de 2002 el expediente no tuvo movimiento. Ese día fue elevado por Arredondo con la leyenda "paralizado por bloque fiscal" a la oficina de Bellomío, quien horas después ordenó el archivo de la actuación, según el acuerdo 370/09.

En la causa que tramita el TC se advierte que "el 14/03/03, De Lisi fue puesto en conocimiento de las graves irregularidades detectadas". Pero, según empleados de la DGR que prestaron declaración, el entonces director no habría dado instrucciones "para salvaguarda del crédito fiscal" y a los fines de deslindar responsabilidades.

En total, se archivaron 434 expedientes. Al menos 166 "fueron extraviados", informó el TC.

"Orden a la causa"
El año pasado, con el juicio de responsabilidad ya iniciado en contra de De Lisi, de Arredondo, de Bellomío y de Jaime, el Tribunal de Cuentas recibió un escrito de los abogados Rougés y Bauque, representantes del funcionario amayista. En el texto, los letrados pedían "que se ponga orden a la causa", ya que se les había negado el acceso al expediente. "Las partes tienen acceso en cada uno de los momentos y circunstancias que estatuye la reglamentación legal", respondió el ente de control en el acuerdo 3.639/12, firmado el 18 de diciembre pasado. Además, el TC criticó la denuncia de la supuesta desaparición de un dictamen que perjudicaría a Clavarino. "Bajo la inaceptable cobertura de un dicho (corren rumores), carente de la seriedad que debe mantener un letrado en un escrito profesional, se formula una acusación que, a pesar de los términos potestativos empleados (aparentemente), no logra ocultar una grave acusación de tentativa de delito", remarcó el organismo de contralor, que resolvió rechazar el planteo de Bellomío.