Con el correr de los minutos, lo que parecía ser una presentación protocolar del proyecto de ley de la escuela judicial terminó convirtiéndose en un intercambio frenético de preguntas y respuestas entre miembros del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y de la Legislatura. Al cabo de una hora y media de debate, autoridades de ambas instituciones convinieron en consagrar legalmente el acceso gratuito y por sorteo al instituto de formación de aspirantes a magistrados. Además, acordaron que, si bien habrá una cuota de más o menos 30 asistentes por taller (por motivos pedagógicos), este garantizará la representación equitativa de letrados, jueces y funcionarios.

"Vamos a dar una nueva redacción a la iniciativa original (de enmienda a la ley 8.197), que incluya las ideas que conversamos", anunció al final Carolina Vargas Aignasse, anfitriona de la reunión en su condición de presidenta de la comisión de Legislación General y consejera por la mayoría parlamentaria. A esta legisladora cupo el rol difícil de administrar las exposiciones en una mesa donde por momentos hubo más de 20 oradores deseosos de hacerse escuchar.

En primer término tuvo la palabra Claudia Sbdar, presidenta del órgano de selección de jueces y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. "Celebro este espacio de diálogo interinstitucional y espero que haya otros encuentros. Tras la cobertura de un gran número de vacantes judiciales (66) y sin sacar 'el pie del acelerador' respecto de esa función esencial, nos proponemos fortalecer al CAM con una escuela judicial que aborde aspectos prácticos de la magistratura, como la perspectiva democrática y de género; la gestión judicial, y el análisis de las consecuencias sociales y económicas de las sentencias". Sbdar luego comentó que muchos aspectos del funcionamiento de la escuela iban a ser definidos sobre la marcha y en forma progresiva -por ejemplo, el puntaje asignado a los cursos a los fines de la evaluación de los antecedentes en el ámbito de un concurso-. "Será una 'brújula' para los que pretender ser magistrados", definió Antonio Bustamante, consejero por los abogados de la capital.

"Modelo para armar"

Esa introducción dio pie a las preguntas de los legisladores, que quisieron saber todo sobre el proyecto: desde cuántos puntos daría cada curso (Marcelo Caponio -PJ-) hasta con qué principios sería aplicado el cupo de asistentes a los talleres (Ramiro González Navarro -PJ-). José Manuel Páez (Democracia Cristiana) opinó que había que ampliar la capacitación a abogados no interesados en ser magistrados y Regino Amado,

consejero por la mayoría parlamentaria y presidente subrogante de la Legislatura, aplaudió que el CAM hubiese decidido acudir a la Cámara a "enriquecer la discusión". "No pasa siempre así, a veces nos enteramos por los medios de comunicación que la Corte quiere legislar con acordadas", ironizó a su turno Ariel García (UCR) aludiendo así al conflicto entre la Cámara y Antonio Estofán, titular del alto tribunal provincial (ver página 5).

"Los agradecidos somos nosotros", contestó la presidenta del CAM, que, sin embargo, fue chicaneada por Gerónimo Vargas Aignasse (PJ). Este parlamentario expresó: "todos los aspirantes a jueces querrán hacer los cursos y habrá mucha demanda. ¿Cuál será el criterio de ingreso si, como dice Sbdar, esta escuela será 'un modelo para armar'? Nosotros no votamos esquemas abiertos de ese tipo sino leyes y hay que tener cuidado con la judicialización: por ello debemos establecer el mecanismo de acceso en la norma".

La vocal de la Corte negó que la escuela fuese un "modelo para armar" y dijo que en el CAM había un consenso interno sobre que el sorteo era la forma más democrática de ingresar a los talleres. "Pero ustedes, como legisladores, saben más. Nosotros habíamos pensado que esto era una cuestión reglamentaria, por eso no está planteada en el proyecto (que debe ser dictaminado antes de que llegue al recinto)", explicó. En principio, esa futura ley tiene el aval de oficialistas y opositores, y podría ser sancionada en la próxima sesión.