Alberto Lebbos empezó a caminar por los pasillos de la sede penal de Tribunales hace más de siete años, cuando a la vera de una ruta, en Tapia, fue encontrado el cuerpo de su hija, Paulina.

En este tiempo, Lebbos no pudo conocer cómo, dónde, cuándo, por qué y quién o quiénes mataron a la joven estudiante. Y asegura que estos interrogantes permanecen abiertos por fallas o irregularidades en la investigación, que encabeza el fiscal de Instrucción Carlos Albaca.

Por eso, como referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán (CFVI), envió una nota esta semana a mesa de entradas de la Legislatura, para solicitar la inclusión de esa ONG en la comisión interpoderes que trabajará en una futura reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"Hemos enviado el petitorio. Sentimos que tenemos mucho para aportar, y que es importante abrir este debate a toda la sociedad. Esperamos ser aceptados, y que se incluya también a los penalistas de primera línea de la UNT y a los abogados, por ejemplo", afirmó Lebbos, en una entrevista con LA GACETA.

En suspenso

El camino hacia la reforma en la investigación penal preparatoria no parece ser corto. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) contrató al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para diseñar un plan piloto, que debía lanzarse en abril en el Centro Judicial de Concepción. El nuevo sistema, que apunta hacia la oralidad y la celeridad, fue diseñado mediante acordadas del alto tribunal. Pero fue suspendido por tiempo indeterminado.

Un penalista del sur y dos defensores oficiales formularon diferentes planteos de amparo, que recayeron en la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en los que cuestionan la constitucionalidad del programa de la CSJT. Los letrados consideran que el alto tribunal no tiene potestades para efectuar esas modificaciones, y que en lugar de acordadas de la Corte Suprema el proyecto del plan piloto debería haberse sustentado en una ley provincial.

Los legisladores adhieren a esta opinión. Así, se originó un conflicto entre el titular de la CSJT e impulsor del programa, Antonio Estofán, y la bancada oficialista Tucumán Crece. El 25 de abril, en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento, hubo una reunión entre los representantes de los tres poderes del Estado. Y se acordó diseñar una comisión interpoderes para trabajar en una reforma penal.

El comité aún no se integró. El lunes pasado, Estofán pidió celeridad a los legisladores respecto a este trámite. En la sesión del jueves, el jefe del bloque oficial, Roque Álvarez, le retrucó que si el alto tribunal ejerce "su poder de superintendencia" la Justicia podría dirimir en menor tiempo los planteos contra el plan piloto.

En medio de esta disputa, los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, y ahora la CFVI, pidieron participar del debate en la comisión interpoderes. Y, ante una consulta de este diario, Lebbos opinó que al disputa entre la Justicia y la Legislatura es contraproducente. "Perdemos el tiempo en una pelea por ver quién tiene la razón; mientras tanto, el pueblo sigue poniendo los muertos. Hablamos de un derecho humano básico, como es el acceso al servicio de justicia de los tucumanos", afirmó Lebbos.