BUENOS AIRES.- La crisis energética no es el único problema que llevó al Gobierno a implantar el cepo al dólar y las restricciones a las importaciones.

Por un momento, imagínese que no existe tal crisis energética y que no hay necesidad de importar. ¿Habría cepo al dólar y se prohibiría el atesoramiento de divisas? Seguramente, porque hay otros factores que tienen incidencia superlativa en la propensión marginal al ahorro en dólares que tienen los argentinos. Claro que en el balance la cuenta energética influye, pero no es el principal factor ni mucho menos el único.

El primer elemento que lleva a la población a ahorrar en divisas es la emisión de moneda sin respaldo, para financiar el gasto público. Cuanto mayor es la cantidad de pesos que el gobierno emite, mayor es la tendencia al ahorro en divisas.

El segundo elemento es la inflación que se deriva de la emisión de moneda y aunque el Gobierno ensaye una puesta en escena desplegando controles de precios policíacos-militantes, la inflación es una patología recidiva para la sociedad argentina.

El tercer punto que provoca la dolarización se encuentra en la falta de confianza de la sociedad en la administración Kirchner.

Tampoco la caída del saldo comercial puede generar semejante dispersión en el tipo de cambio. La reducción del superávit comercial preocupa porque implica menos dólares pero no resulta determinante ya que en otras épocas hubo déficit comercial y la paridad cambiaria se mantuvo estable.

El problema está dado por la calidad de los componentes de la ecuación cambiaria y que darán por resultado la competitividad de la economía argentina.

Crece el consumo, pero cae la inversión. Crece el gasto, pero cae el ahorro. Lo que se importa son bienes de consumo y no bienes de capital. Lo que se exporta son materias primas sin valor agregado. El resultado es el perfil de un país de actividades extractivas y de competitividad muy pobre.

¿Qué factores definen este perfil? Entre otros, la inseguridad jurídica, el déficit energético, las prohibiciones a girar utilidades, la elevada presión fiscal, el alto costo laboral.

Todos estos términos de la ecuación dan como resultado una caída en la competitividad de la economía en su conjunto. Esto genera una caída de la demanda de las empresas en la incorporación de equipos y de personal, lo que obliga al Estado a mantener un alto gasto asistencial -vía subsidios o vía empleo público improductivo-.

Luego, al sólo efecto de mantener el consumo, la administración Kirchner se ve obligada a retrasar el tipo de cambio, para dar la sensación de que los pesos rinden. Pero esto no es más que una ilusión, ya que un tipo de cambio ficticio no alcanza a neutralizar los efectos de una inflación real que se ve expresada en el dólar paralelo. Aun con los resultados de una buena cosecha, será difícil torcer la sensación de problemas con el dólar. Ni con los escasos efectos que puede producir el blanqueo de capitales, un intento desesperado por hacerse de divisas aun cuando sean de origen ilegal.

Mientras el Estado continúe con un déficit fiscal promedio de U$S 1.000 millones mensuales, quemando recursos, llevándose el crédito disponible para el sector privado e interviniendo en la actividad privada, será difícil salir del actual status quo, a menos que el mapa político se transforme en octubre, invirtiéndose las magnitudes.

Sin embargo, hasta ese momento, las actividad privada deberá convivir en un escenario donde el despilfarro del gasto público y la emisión monetaria, agravarán las condiciones para producir en la Argentina, al tiempo que dispararán nuevos temores de intervenciones estatales y tensiones sobre el tipo de cambio.