Esta vez no fue Julio Cobos, ni tampoco la Cámara de m..., sino la Corte Suprema de Justicia, quien le ha hecho morder el polvo a los devaneos del Poder Ejecutivo. Pero, además, desde lo medular, en cuanto a la observancia constitucional, el fallo demuestra que no es verdad que hoy se esté viviendo en el país una suerte de monarquía, que proclaman quienes se oponen a todo lo que el Gobierno propone. Mala señal sería si los barulleros gubernamentales de siempre tiran abajo este argumento de tolerancia, con una reacción descomedida. 
En cuanto a la sentencia, los jueces poco dejaron por decir. Lo decidido no sólo impide una nueva conformación del Consejo de la Magistratura por medio de la elección popular, que se anula, sino que demuele casi todos los argumentos de mesa de café que utilizaron los más ultras del kirchnerismo, para intentar mostrar -desde el discurso- que la resistencia a estos cambios contrariaba la "soberanía popular".
Sobre este tema, la Corte reivindicó el Estado de Derecho y el imperio de la ley y dijo que "el reconocimiento de derechos ha sido posible porque nuestra Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo".
Más duros aún, los jueces respondieron: "no es posible que, bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional".
Sobre otro punto fundamental, el rol del control de constitucionalidad que tiene la Justicia, la Corte lo consideró "legítimo" y puso como ejemplo varias inconstitucionalidades dictadas sobre leyes muy caras al Gobierno: las de Obediencia Debida y de Punto Final, la ley de Matrimonio Civil, las normas del Código Procesal Penal de la Nación, la Ley Penal que castigaba la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la Ley que avasallaba el derecho a la intimidad, etcétera.
Desde lo más ruidoso, seguramente ya estará dispuesta una batería de agravios hacia la "corporación" y quizás algunos lleguen hasta lo personal, pero será bastante difícil oponerle a este Tribunal argumentos jurídicos dentro de las reglas actuales. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace las leyes y el Judicial las controla. División de poderes se llama y desde 1853, y por ahora, es así. Como ha dicho la Corte, en su mayor ironía, habrá que cambiar la Constitución, en todo caso.