LIMA/BUENOS AIRES.- La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) resolvió dejar sin efecto la suspensión de Paraguay en sus organismos e instancias a partir del jueves, cuando asumirá la Presidencia del país Horacio Cartes. La Cancillería del Perú, que ejerce la presidencia pro témpore del bloque, informó que la decisión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de los doce países miembros del grupo sudamericano fue adoptada por unanimidad.

La medida fue tomada tras conocerse el informe de la Misión de Seguimiento Electoral de Unasur en Paraguay, que presidió el peruano Salomón Lerner, que detalló el proceso celebrado en ese país en abril, cuando fue electo de Cartes en comicios que "transcurrieron con total normalidad y con una amplia participación ciudadana".

Unasur había suspendido a Paraguay a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012 (fue considerada un "golpe de Estado parlamentario"), y había condicionado su retorno a la celebración de elecciones democráticas.

Del mismo modo, Paraguay podrá reintegrarse al Mercosur, aunque su decisión todavía está siendo debatida en Asunción. Cartes anunciará mañana quiénes integrarán su gabinete.

Crímenes de Stroessner
Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezado por el abogado en derechos humanos y ex preso político, Martín Almada, reclamó a la Justicia argentina que investigue la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), por el principio de Justicia Universal. La causa fue admitida por el juez federal, Norberto Oyarbide. Almada fue torturado por la dictadura de Stroessner y desde 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor.

Su investigación le permitió estimar que en tres décadas y media, la dictadura logró un botín de U$S 5.000 millones por confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos. Calculó que 20.090 personas fueron "víctimas directas de violaciones de derechos humanos".

Oyarbide deberá llamar a declarar a testigos, antes de decidir procesamientos u ordenar la detención internacional de los responsables. (Télam-DPA)