El Colegio de Abogados de la capital emitió un duro documento en contra del Gobierno de José Alperovich y de la Policía por los saqueos y los violentos episodios de la semana pasada. Francisco García Posse (presidente) Ezio Jogna Prat (vicepresidente) y José Adle (secretario) firmaron la resolución que exige al Poder Ejecutivo medidas para evitar que se repitan situaciones similares. “Es inexplicable que los graves hechos sucedidos no hayan sido prevenidos por las autoridades. Mucho más lamentable resulta que frente a su desencadenamiento, no se hayan brindado respuestas tempestivas y eficaces para restablecer el orden”, condenó. Por otro lado, pidió que convoque a una mesa de diálogo para debatir y acordar políticas para restablecer la paz social. Además, instó al Poder Legislativo a dictar normas para reparar el daño sufrido por comerciantes y al Judicial, a investigar para dar con quienes lo hayan generado.
“La conducta de la Policía constituye una maniobra deplorable, inescrupulosa y contraria al estado de derecho”, criticó. El Colegio reclamó sanciones y una “depuración” en la fuerza.
“Pacto Social”
La ONG Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) calificó en un comunicado lo ocurrido con la Policía como una “negociación extorsiva, con el pueblo, con la sociedad toda, como rehén”. “Mientras la policía sigue actuando con la - inconstitucional - Ley de Contravenciones en la mano, en Tucumán se hace ineludible la necesidad de un efectivo gobierno civil de la seguridad, democrático y respetuoso de los derechos de todos”, subrayó. Instó al Gobierno a convocar a un diálogo por un “Pacto Social de Seguridad Democrática”. Consideró que debe incluir una reforma estructural de la institución policial y una “verdadera gestión civil de la seguridad”. Opinó que la convocatoria debería ser amplia, urgente y representativa, de consulta al pueblo, sobre qué modelo de seguridad pública quiere y necesita.