Cuando concluyó el ciclo lectivo 2012 del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) también se cerraron para siempre las puertas de las casonas alquiladas de Virgen de la Merced (ex Rivadavia) 417, donde se dictaban los cursos y los talleres. Jaqueada por un juicio de desalojo motivado por la persistente mora en el pago del alquiler -por el cual, además, se trabó un embargo a la cooperadora del EPAM por alrededor de $ 800.000- la Secretaría de Extensión debió buscar otro espacio en donde continuar con este programa, que nació en 1984.
Se encendió, entonces, una luz de esperanza: la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) destinó al EPAM la ex usina termoeléctrica de Agua y Energía ubicada en avenida Sarmiento al 1.100. En 2011, la casa de Juan B. Terán había recibido, en custodia, por parte del Organismo de Bienes del Estado, ese edificio. En octubre de 2012 concluyeron las obras de refacción. El 24 de abril del año pasado inició allí el ciclo lectivo 2013.
Pero con el cursado también empezaron las críticas: un grupo de alumnos cuestionó la accesibilidad -se ingresa por la avenida; el portón se ubica sobre el puente que une Catamarca con Marco Avellaneda- y las condiciones de salubridad -denunciaron la presencia de palomas y roedores-.
A medida en que el año avanzaba las críticas se fueron intensificando, al punto que trascendieron los muros de la UNT, y llegó hasta el Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur, denunció ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que el Rectorado había trasladado los cursos y talleres del EPAM a la ex usina en forma abrupta e inconsulta; y afirmó que, de esa manera, la UNT desprotegía la ancianidad e incurría en regresión en derechos humanos. Las autoridades de la casa de Juan B. Terán le salieron al cruce: rechazaron de plano las acusaciones, y sugirieron que Gandur debía atender las situaciones irresueltas en el Poder Judicial.