Aunque no lo digan abiertamente, los avatares originados en la implementación de la Tarjeta Ciudadana como único medio de pago para viajar en ómnibus por la capital presentarían un trasfondo político y económico. Así lo reconocen, aunque por lo bajo, los funcionarios municipales y los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

En 2010, cuando la Municipalidad comenzó a pensar en la implementación de la Tarjeta Ciudadana, el pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio impuso un tópico que comenzó a hacer ruido entre los empresarios: el manejo del sistema (software) y la operatividad del servicio dejaban de estar en manos de los propietarios de colectivos. La empresa adjudicataria del servicio -en este caso fue la empresa ATOS- se encargaría de todo el proceso, desde la implementación del plástico como medio de pago y hasta la recaudación del dinero generado por los viajes.

Actualmente, la empresa ATOS maneja toda la información relacionada a la cantidad de unidades en servicio, el de horas trabajadas por chofer ordenadas por día, mes y año; el número de choferes transportados y los ingresos recaudados por cada una de las líneas.

¿Cree que hay un trasfondo económico en la implementación de la tarjeta magnética?, le consultó LA GACETA al subsecretario de Transporte de la capital, Juan Ignacio Giovanniello. “No voy a realizar apreciaciones de índole político. Lo que si puedo decir es que con la aplicación de este sistema, la actividad se torna más transparente. Habrá más control por parte del municipio, ya que en el software de la empresa que ganó la licitación estará toda la información, desde la cantidad de boletos que se expidieron hasta los cambios de choferes”, detalló. ¿Antes no había un buen control?, se le insistió. “Siempre hubo control, pero en gestiones anteriores se inició una investigación para dilucidar, por ejemplo, si es que algunas empresas de ómnibus expendían boletos truchos como manera de eludir impuestos. Después se constató que fue la misma ex Dirección de Rentas Municipales la que había facilitado esos boletos sin homologar porque se había quedado sin ellos. Porque el municipio es el encargado de entregar a las empresas la cantidad de boletos que requieren, previo pago de los tributos correspondientes”, detalló.

La semana pasada Aetat había señalado que no estaban dadas las condiciones para que se retiren de circulación los casi 4 millones de cospeles que hay en el mercado. En una nota enviada al intendente Domingo Amaya, los empresarios esgrimieron que son “muy pocos” los pasajeros que actualmente utilizan el plástico. También habían recalcado que persistían los problemas en la distribución de las tarjetas. Por este hecho, los vecinos de la capital podrán seguir utilizando las fichas hasta fin de mes.

“El problema es la distribución. Ante el hecho de no poder conseguirlas en los quioscos, termina optando por el cospel. Eso es lo que falló. Además al quiosquero no le conviene. Ya tendrá que ver la gente de la distribución cómo solucionan ese problema. Van a tener que buscar otra metodología”, planteó ayer el vicepresidente de Aetat, Luis García.

Sin embargo, desde el municipio argumentan -en off the record- que los empresarios buscarían participar en las cuestiones operativas, como sucede con la Provincia. Porque, a diferencia con la capital (ver “La empresa distribuye...”), el Poder Ejecutivo acordó con la firma ATOS que los propietarios de líneas interurbanas continúen manejando la distribución y el cobro de los plásticos que se origina por la venta de los pasajes.