A pocas horas de cumplirse una semana de las detenciones de tabacaleros en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, unos 300 productores del sur marcharon al Centro Judicial de Concepción para exigir su libertad.

Movilizados en unos 50 vehículos y munidos de carteles y pancartas, reclamaron a la fiscala Susana Migle que solicite la libertad de los seis productores acusados de incendiar dos camionetas de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, durante una protesta el miércoles pasado.

El descontento de los tabacaleros se originó cuando el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Jorge Feijóo, resolvió pagar un anticipo del Fondo Especial del Tabaco (FET) por un monto menor al esperado. Ante el inicio de la cosecha, los productores habían solicitado el pago de $ 2 por kilo de tabaco, pero finalmente iban a recibir $ 0,95. El miércoles, los productores se enteraron que el monto que se iba a depositar equivalía a $ 0,61 por kilo, y resolvieron protestar.

Ricardo Agustín Peluffo, vocero de los productores nucleados en la Unión de Tabacaleros de Tucumán (UTT), afirmó que ya cobraron el anticipo que giró el Poder Ejecutivo (PE), pese a ser menor a lo esperado. Argumentó que, a raíz de la negativa del Gobierno, en el sur ya se perdieron cerca de dos millones de toneladas por falta de fondos para encarar la cosecha.

También desmintió al ministro Feijóo, quien había señalado que en 2013 se habían girado al sector $ 83 millones. Peluffo explicó que el monto recibido por los productores fue de $ 52 millones. “Esos $ 31 millones de diferencia son utilizados por el PE para sostener la planilla salarial del Ministerio. También financian obras de riego, que deberían ser ejecutadas con otros fondos porque los del tabaco, por ley, nos corresponden a los tabacaleros”, replicó.

Peluffo sostuvo que de las obras de riego que se financian con el FET se benefician otros sectores agrícolas que sí son rentables, como los cultivos de papa, limón y arándano. Agregó que el diálogo con el Ministerio de la Producción está cortado desde la semana pasada.

La Ley 19.800 establece que el 7% de la venta de cada paquete de cigarrillo en el país debe volver a los productores. Los fondos son nacionales, pero los administra una Unidad Ejecutora Provincial del Tabaco, integrada por las entidades gremiales y dirigida por el PE.