Si es cierto que el grado de satisfacción de la víctima de un delito debe ser el termómetro del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, como revolucionariamente propuso Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario (Santa Fe), en la audiencia pública de este jueves, entonces el órgano que encabeza Luis De Mitri vuela de fiebre.

La conclusión no parece exagerada: en Tucumán, las víctimas de los hechos delictivos o tienen suerte o se resignan al ostracismo o transforman su vida en una cruzada contra el sistema. Aunque con convicciones diferentes, a esta última estirpe pertenecen Susana Trimarco y Alberto Lebbos.

La fiebre del Ministerio Público Fiscal y Pupilar de la provincia aumenta en forma gradual e ininterrumpida desde hace una década, en parte como consecuencia de un ministro que fue haciéndose insensible al ardor del termómetro. Sólo una sombra tenue y arenosa queda del De Mitri que en 2001, al comienzo de su mandato, defendía la tarea incómoda de la Fiscalía Anticorrupción -finalmente dada de baja en 2005-, aún al precio de enfrentar un juicio político descabellado en la Legislatura del mirandismo. En esa época, el sucesor del entonces ascendente José Ricardo Falú clamaba por una institución independiente con autonomía funcional; más fiscalías y una Policía Judicial para investigar con prescindencia de la voluntad del Poder Ejecutivo. “La sociedad nos exige respuestas, sobre todo en las causas penales más graves. Y nosotros tenemos que dárselas: no podemos poner excusas”, dictaminaba De Mitri en 2007. Ese mismo año afirmó que tenía carácter provisorio el archivo de la denuncia por falta de control de fondos públicos que comprometía a Sergio Mansilla, ex secretario de Coordinación de Municipios y Comunas, y senador nacional ultraoficialista. La decisión de no investigar había sido tomada por el fiscal Guillermo Herrera, amigo íntimo de Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia; en el auge de la crítica, De Mitri optó por transferir la pesquisa al fiscal dimisionario Carlos Albaca, que hizo la plancha y arrulló el expediente.

El caso “Lebbos” terminó con la carrera de Albaca, pero De Mitri sigue en su despacho, especulando con una jubilación que va camino a convertirse en mito. La tropa de fiscales de Instrucción percibe el desgobierno y el ensombrecimiento; en la hora del declive, algunos levantan el perfil por su cuenta ¿y orden?, como el cuestionado Herrera, y otros buscan cobijo en la Corte, como Adriana Gianonni y Diego López Ávila, el tercer fiscal del caso “Lebbos”. Ejecutivo e impulsivo como es, Antonio Gandur actúa como si no contase con De Mitri: en los cinco meses que lleva como capitán de la Justicia, el ex ministro fiscal demostró que está dispuesto a contener e impartir instrucciones a los fiscales.

Sin ir más lejos el lunes pasado, mientras López Ávila confirmaba a Gandur -y de paso, también al vocal Antonio Estofán- la noticia del desmantelamiento del equipo investigativo del caso “Lebbos” e insistía en la necesidad de disponer de una Policía Judicial, la boca de los Tribunales echaba fuego por la decisión de De Mitri de solicitar como relator a Alfredo De Santis, funcionario del Cuerpo de Auditores de la Corte vinculado al vocal decano René Goane. En reserva, los propios miembros del alto tribunal admiten que el candidato no tiene antecedentes para el ascenso discrecional pretendido. La preocupación y el interés del ministro aparentemente no pasan por la falta de medios para investigar que Alberto Lebbos denunció el 13 de febrero en una reunión a la que asistieron todos los miembros de la Corte excepto Goane. Sube la fiebre del Ministerio Público por la insatisfacción de las víctimas como crece el deterioro de la autoridad de De Mitri y se agiganta la sombra de la impunidad.