BUENOS AIRES.- La polémica en torno de las cifras de pobreza e indigencia se renovó ayer con nuevos cruces entre funcionarios del Gobierno nacional y expertos privados.
Del lado oficial, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, planteó que para el Gobierno ese flagelo “no es una estadística o un número” y destacó que “trabajamos para ellos con la creación de seis millones de puestos de trabajo, o con la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”. “Llama la atención esta vocación por los pobres que tienen algunos que viven en Puerto Madero, Barrio Norte o Nordelta”, ironizó en declaraciones a radio Nacional Rock.
A su turno, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, remarcó: “reconozco que existe pobreza estructural en la Argentina y debemos combatirla”.
Por su parte, el jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió sobre un núcleo duro de pobreza pese a los planes sociales; mientras que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) contrastó que con un aumento del gasto público de $ 465.000 millones desde 2004 a la fecha, la pobreza apenas se redujo en un nivel de cinco puntos porcentuales.
La polémica se originó el miércoles pasado por la decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de no difundir las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2013, bajo la justificación de la existencia de “severas carencias metodológicas” a partir del cambio del índice que mide la inflación. Esa situación generó una serie de críticas.
Dos días después, el Observatorio Social de la UCA informó que la tasa de pobreza volvió a subir en el último trimestre de 2013 y alcanzó un 27,5% de las personas y un 17,8% de los hogares.
“Hay un 10% de la población que no tiene trabajo estable, que realiza changas, que necesita de los planes para garantizar niveles mínimos de subsistencia de sobrevivencia”, afirmó Salvia a radio Continental. El investigador aclaró que el ciudadano que integra ese sector no está bien alimentado, padece hambre, va a escuelas de baja calidad y se atiende en sistemas de salud de baja calidad.
El análisis de Idesa consideró que para potenciar la inclusión social se necesitan mejores políticas económicas y laborales y promover la maternidad responsable, el empleo femenino y la calidad de la educación y la salud estatal. (DyN)