BUENOS AIRES.- Amnistía Internacional Argentina presentó un escrito ante las dos Cámaras del Congreso en el que se refirió a la protesta social, y advirtió sobre los estándares del derecho internacional. Ante los cinco proyectos para regular los piquetes que surgieron de distintos espacios, Amnistía recordó que es legítimo establecer el requisito de comunicar a las autoridades antes de realizar una protesta,” pero no el de pedir autorización”, ya que eso sería violatorio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión. “Las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas”, manifestó el organismo en su texto. Y agrega: “Las protestas sociales son ejercicio de la libertad de expresión, y el Estado no puede supeditar su determinación respecto de la legitimidad o ilegitimidad, o bien decidir si las restringe o no. De ser así, se estarían censurando o privilegiando determinadas opiniones por sobre otras, según criterios arbitrarios, en clara violación a los derechos fundamentales”, dice el informe.
Semanas atrás, un grupo de diputados del oficialismo, avalado por Carlos Kunkel y Diana Conti, presidenta de la Comisión en Diputados, presentó un proyecto que distingue las protestas “legítimas” de las “ilegítimas”, según sean o no anticipadas a las autoridades estatales con 48 horas de anticipación.
En cambio, el proyecto que presentó Darío Giustossi, del Frente Renovador, propone que las manifestaciones anunciadas y las espontáneas, deberán desarrollarse en espacios públicos determinados, para no sufrir sanciones. No obstante, Amnistía Internacional Argentina recordó: “Aunque los Estados tienen la obligación de garantizar el orden público, es importante que las autoridades muestren un cierto grado de tolerancia ante la alteración inevitable que las manifestaciones suponen”.
“No criminalizar”
Con todo, el kirchnerismo salió a ratificar que mantendrá su “bandera” de “no criminalizar la protesta social”. “Creemos tener la legitimidad y la autoridad, incluso haber pagado costos políticos, por la no criminalización de la protesta social”, adelantó Conti.
Desde la oposición, el Frente UNEN y el Frente de Izquierda, consensuaron un proyecto que declara la amnistía a todos los procesados, imputados o condenados por participar en protestas sociales a los largo de los últimos 30 años de democracia. (DyN)