Brigadas antimotines disolvieron con gases lacrimógenos una concentración de estudiantes que intentó marchar a la Nunciatura Apostólica, al cumplirse tres meses del inicio de las protestas contra el gobierno venezolano, las cuales se reavivaron la semana pasada por nuevas detenciones de manifestantes. La fuerza pública desplegó un cordón en la plaza Brión, en el este de Caracas, desde donde pretendía salir la marcha; los jóvenes que insistieron en concentrarse en los alrededores fueron dispersados con gases y disparos de perdigones, lo que dejó al menos tres heridos y más de 15 detenidos. Los estudiantes pretendían marchar hasta la Nunciatura para insistir en su reclamo de que liberen a sus compañeros detenidos desde febrero, cuando se iniciaron las protestas que han dejado 42 muertos, 700 heridos y más de 160 detenidos. Tropas de la Guardia Nacional (Policía militarizada) y de la Policía Nacional ocuparon la plaza para evitar la concentración, un tradicional punto de encuentro de los estudiantes. Los policías hicieron retroceder a los manifestantes con andanadas de gases y perdigones.

El máximo tribunal de Europa condena a Turquía por la invasión a Chipre

El máximo tribunal de derechos humanos europeo condenó a Turquía a pagar 90 millones de euros a Chipre de indemnización por la invasión militar de 1974 y la consecuente división de la isla, una sentencia histórica que llega después de 40 años y que Ankara ya anticipó que rechaza. El desembarco del Ejército turco en Chipre se produjo luego del golpe de Estado de un grupo ultranacionalista grecochipriota que defendía la anexión del país a Grecia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, impuso a Turquía el pago de 30 millones como compensación moral a las familias de 1.456 personas desaparecidas durante aquella intervención. El fallo también ordena a Ankara pagar otros 60 millones de euros a grecochipriotas que quedaron aislados en el enclave de Karpasia, la estrecha península del noroeste de la isla, en una situación considerada “de discriminación degradante”. La reparación ordenada por el máximo tribunal de derechos humanos del Consejo de Europa, del que Turquía es miembro de pleno derecho, declaró entonces a Ankara “culpable de violaciones masivas y continuas de los derechos humanos” contra la población griega de Chipre.