Los “holdouts” representan al grupo de acreedores que no entraron en la reestructuración de la deuda argentina propuesta en los canjes de 2005 y 2010. Actualmente, el monto de esa deuda asciende a cerca de U$S 12.000 millones, es decir, casi un 6% del stock de deuda total del Sector Público Nacional que, según cifras de la Subsecretaría de Financiamiento de la Nación, a septiembre de 2013 era de unos US$ 200.000 millones, apunta el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Un grupo de estos bonistas (integrado por los llamados “fondos buitre” NML, Aurelius y otros) inició acciones legales en la Justicia de los EEUU reclamando el cobro en efectivo del 100% del valor original, más intereses devengados. El juez Thomas Griessa falló en contra de la Argentina en 2012, obligándola a pagar US$ 1.330 millones a estos acreedores.

Además, el juez trabó un embargo de los fondos argentinos ante el Banco de Nueva York (BoNY), que es el agente de pago de los bonos argentinos que se encuentran actualmente en situación de pago normal en los Estados Unidos. Ante esta situación, Argentina apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones, quien otorgó una “suspensión” del embargo hasta tanto se definiera la situación. Luego de la ratificación del fallo del juez Griesa, la Argentina recurrió en mayo a la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, para que se expidiera acerca de este tema, indica el Iaraf. Las instancias judiciales se agotaron y no resultaron favorables para la Argentina. ¿Qué alternativas le quedan al país? El Iaraf analiza tres posibilidades:

• Pagar en efectivo los U$S 1.330 millones. Si bien la cifra no resulta de gran magnitud, ¿por qué no se afronta directamente el pago a ese grupo de acreedores? Un aspecto clave es que los restantes fondos que integran los holdouts poseen características similares a los de los acreedores en litigio (todos otorgados bajo legislación extranjera), con lo cual surgirían nuevas demandas por el monto restante. El problema vinculado a esta opción tiene que ver con los reclamos posteriores que podrían generarse a partir del pago, de montos más elevados que los U$S 1.330 millones.

• Negarse a pagar los U$S 1.330 millones. Esta alternativa resulta inviable desde todo punto de vista. Un nuevo default para la Argentina acarrearía múltiples efectos negativos sobre la economía en general. Traería aparejado un incremento en el riesgo país, y en la tasa de interés, imposibilitando tanto al sector público como al sector privado conseguir divisas, que ya son escasas y frenando aún más la marcha de la economía. En otras palabras, implicaría cerrar el país al mundo en momentos en los cuáles más se necesitan de inversiones extranjeras en capital e infraestructura. Además, el país volvería a quedar catalogado con una muy baja reputación institucional.

• Llegar a un arreglo de pago. Ante la situación planteada, y la imposibilidad por aplicar las dos alternativas anteriores, el país de un modo u otro debe apuntar a lograr un acuerdo ante el juez Griesa con los bonistas del fallo, de manera particular, y con el resto de los holdouts, de manera general.El arreglo debería apuntar a instrumentarse mediante un plan de pagos, ya que el pago en efectivo resulta inviable por los montos implicados y el nivel de reservas actualmente disponible.

El canje

El tiempo conspira contra ese proceso

El lanzamiento de otro canje bajo legislación argentina choca con dos factores: no habría tiempo material para ejecutarlo y dependerá en gran medida de que el 85% de los bonistas ya reestructurados lo acepten. Dentro del “pool” de inversores que adquirieron los títulos argentinos hay muchos que son estadounidenses y que, según los analistas, no querrán exponerse a desacatar a la justicia de su país. Consideran que la jurisdicciones neoyorquina es menos riesgosa que la argentina.

Efectos

Daños colaterales de la cesación de pago

Si se incumple con el pago de los bonos, habría una venta masiva (parcialmente ya ocurrió) de bonos soberanos, cuyos precios se desplomarían y sus rendimientos (tasas) se incrementarían. Con el default consumado, el cepo cambiario se reforzaría y el default nacional se trasladaría inmediatamente hacia las provincias y también al sector privado. Además, el BCRA probablemente se pondría aún más rígido estableciendo trabas aún más férreas para girar dividendos y hacer pagos al exterior.

Especulación

El costado positivo de la traumática medida

Tal vez, el gobierno pueda estar buscando el costado positivo al default, dice el Iaraf. El default implicaría no usar más reservas del BCRA para pagar deuda. Podría creerse que con el default se estarían ahorrando U$S 17.600 millones y U$S 2.650 millones, vencimientos de la deuda de Nación y provincias que el BCRA debería pagar con reservas de aquí a fin de 2015. En concreto, el gobierno podría estar pensando financiar la política fiscal expansiva con las reservas del BCRA que quedan “ociosas” a partir del default.

Dólares

El Gobierno necesita imperiosamente de más divisas

El pago de los otros compromisos de la Argentina requiere del ingreso de divisas al país. Según el Iaraf, el Gobierno nacional necesitaría alrededor de U$S 4.800 millones para atender los vencimientos de los compromisos durante este año. Otros U$S 11.800 millones requerirá para las obligaciones que vencen en 2015 y U$S 7.300 millones más para los que venzan en 2016. Las reservas del Banco Central son escasas y hoy superan los U$S 28.000 millones.

El riesgo

El cierre definitivo del crédito externo

Si hay default, Argentina no tendría ninguna restricción legal para reestructurar toda su deuda y cambiar medios de pagos, jurisdicción, etc. Sin embargo, si eso pasara, la reestructuración

quedaría para la próxima administración. Todos los logros de los canjes 2005 y 2010 caen en “saco roto”. Sucede lo mismo con el Ciadi y el Club de Paris, dice el Iaraf. Esta medida reafirmaría la calificación negativa de Argentina en “su Veraz”; alejándola por completo del acceso al financiamiento voluntario internacional.

Herencia

Un factor que condicionará al futuro gobierno

A un año y medio de las elecciones presidenciales, el Poder Ejecutivo se debate entre solucionar definitivamente el problema de la deuda o caer en el default técnico. De una u otra manera, la situación será como una pesada herencia para el próximo jefe de Estado. Su gestión deberá corregir la política macroeconómica para redireccionar el rumbo de la actividad económica, que hoy está en recesión. Si el tema se soluciona, habrá más inversiones.