“No estoy en contra de la gente, sino de la forma en que este proyecto llega a debate. No puedo dejar de disentir”. La legisladora Beatriz Ávila bien podría haberse sentado ayer en el sector del recinto que ocupa la oposición. Por primera vez, el amayismo sumó su voto al de las bancas disidentes en contra de una iniciativa pergeñada en la Casa de Gobierno.

La parlamentaria que responde al intendente capitalino, Domingo Amaya, rechazó el proyecto mediante el que se amplió el límite sur de la ciudad para incluir en su jurisdicción el emprendimiento de 2.500 casas sociales “Manantiales Sur” (pertenecía a la comuna de San Felipe y Santa Bárbara). El bloque mayoritario “Tucumán Crece” argumentó que lo impulsó para garantizar los servicios públicos para los futuros vecinos. La norma quedó sancionada gracias a 29 adhesiones del oficialismo. Nueve opositores y Ávila se expresaron en contra. El otro amayista, Alfredo Toscano, no participó de la sesión.

Lluvia de críticas

Ávila -es esposa del secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro- fundamentó su negativa en tres aspectos: la celeridad con la que el proyecto llegó a una sesión (ingresó el jueves); los recursos que le insumirá a la Capital afrontar la prestación de servicios, y la falta de consulta a Amaya. “No se dice de dónde saldrán los recursos. El municipio tiene que tener un mayor presupuesto. Y no entiendo por qué no se habló con el intendente, era lo menos que podía hacerse”, disparó. Subrayó que la administración capitalina recibiría $116 millones menos de lo que le correspondería de Coparticipación. “Hicimos un estudio que abarca desde 2004, es a valores históricos. Los retuvo la Provincia (mediante el Pacto Social). Vamos a ver quién debe a quién”, desafió.

La postura de Ávila causó sorpresa entre sus colegas, que intercambiaron gestos y chanzas.

Los radicales Federico Romano Norri, Ariel García y Fernando Valdez; el republicano Ricardo Bussi y el demócrata-cristiano José Páez denunciaron una “maniobra electoralista”.

“Es una manipulación política. Tratan de obtener el equivalente de votantes que les quitó el Acuerdo Cívico y Social (ACyS) en octubre”, interpretó Romano Norri. Bussi consideró que el cambio de jurisdicción es un viejo artilugio peronista. “Suena a desesperación. Buscan atemperar la paliza del año que viene. Tendríamos que disfrazarnos de tarados (sic) para creer que es por mejores servicios. Les informo que los vecinos de la capital no la pasan bien”, opinó antes de enumerar duras críticas a la gestión municipal de Amaya.

“Es por lo mismo que no se utiliza el voto electrónico. En materia electoral, vamos como los cangrejos: para atrás”, renegó Páez.

El massista Gerónimo Vargas Aignasse, en cambio, afirmó estar preocupado por las “contradicciones” de la Cámara: “creamos una secretaría (de Saneamiento) para subsanar la incapacidad de la Municipalidad y por otro lado, le ‘clavamos’ 2.500 familias más para atender”.

Los oficialistas Alfredo Quinteros, Ramiro González Navarro, Fernando Juri, Marcelo Caponio, Sisto Terán, José Gutiérrez y Roque Álvarez negaron un objetivo con vistas a 2015. “Subestiman al electorado. No sabemos ni quiénes vivirán ahí”, respondió Quinteros.

“Deberíamos aconsejar al Gobierno que busque algún pueblo en el que nos hayan votado mucho para que se le adjudiquen viviendas y cambiarlos a la capital. Hay un detalle. El padrón cierra un año antes del llamado a elecciones y las casas no estarán terminadas. Lo que dice la oposición es mentira”, ironizó Caponio.

“Con lo que se dice aquí podríamos escribir el ‘Manual de zonceras II, III y IV’. No es una ley electoral”, cerró Álvarez.

La otra ley aprobada fue la que permitirá un aporte de $ 30 millones a las constructoras que trabajan en el predio. “Permitirá acortar los plazos de la obra e incrementar la mano de obra”, consignó González Navarro. Alejandro Martínez añadió que si cada firma emplea a una persona más, serán 2.500 puestos nuevos.

Los opositores, que votaron en contra, criticaron la “vaguedad” de los artículos. “¿Por qué se le da el aporte? Es lisa y llanamente un regalo”, fustigó Romano Norri.

El massista José Teri advirtió que es el segundo aporte de $ 30 millones -el primero había sido reintegrable- para las empresas de “Manantiales Sur”.

Los disidentes criticaron que en el artículo 3° se afirme que “de ser posible” las firmas adelanten los trabajos. “Es ambiguo y poco serio. Además, dice que se asume el compromiso de no interrumpir los trabajos. No se supone que eso esté estipulado en la adjudicación”, se preguntó el radical Roberto Sánchez.

“Les parece que podemos votar una iniciativa que dice ‘de ser posible’. Creo que no. Afirman que es para comprar material, pero estas empresas son solventes, lo acopian mucho antes. No son las empresas que contrataba (Miguel Ángel) Brito en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. La mayoría son muy serias”, desconfió Vargas Aignasse.

Amaya criticó a Legisladores

“No se puede legislar sin antes debatir y dialogar”, aseguró el intendente

El corrimiento de los límites del departamento Capital para la inclusión del barrio “Manantiales Sur” tampoco fue bien recibido por el intendente Domingo Amaya. Ayer, mientras la Cámara sesionaba para tratar ese proyecto de ley impulsado por el alperovichismo, el jefe municipal cuestionó el procedimiento adoptado por los legisladores. “Es un tema muy serio. Primero, pienso que se tendría que hacer una audiencia pública con los vecinos para ver qué opinan ellos. Segundo, los municipios son autónomos por las Constituciones provincial y nacional y hay un Concejo Deliberante; por lo tanto, la Legislatura también debería reunirse con los concejales. Espero que (estas medidas) no sean electorales, porque eso sería muy triste. Si es para mejorar servicios, veamos cómo se pueden brindar mejores servicios. Pero no se puede legislar sin antes debatir y dialogar, no nos sentemos a escribir una ley sin una previa consulta”, planteó. Y sentenció: “si ese barrio será del municipio, quien lo construye por lo menos que pida los permisos y se siente con nuestros profesionales para analizar todo”.