BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó ayer que el Congreso exprese un repudio colectivo contra el juez de Nueva York, Thomas Griesa; mientras que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en respuesta al Gobierno nacional, aseguró que el máximo tribunal argentino no puede opinar sobre el litigio y advirtió que las sentencias se tienen que cumplir.

Capitanich repudió y calificó de tinte imperialista la declaración del magistrado norteamericano, quien había calificado de “ilegal” el proyecto de ley que impulsó la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para cambiar la jurisdicción del pago a los bonistas que se sumaron al canje.

“Esperamos que, de un modo absolutamente consensual entre todos los actores del sistema político y los miembros del Congreso, se expresen respecto de esta desafortunada, incorrecta, y hasta diría imperial expresión del juez Griesa”, pidió el jefe de ministros.

Luego de replicar las críticas del magistrado a la iniciativa oficial, Capitanich recordó que el Congreso, en virtud del artículo 75, tiene las atribuciones para el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación; por lo tanto las leyes tienen legitimidad de origen derivada de la voluntad popular”.

Lorenzetti consideró que es una situación muy difícil la que afronta la Argentina por el conflicto con los bonistas que no se sumaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

El presidente de la Corte Suprema ratificó que el máximo tribunal de Justicia no puede opinar sobre la decisión de Griesa, pese a los reclamos que surgieron del Gobierno tiempo atrás, a través del propio Capitanich. Reiteró que las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todas partes del mundo.

El magistrado aclaró, inclusive, que las declaraciones contra Griesa que realizó Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que integran el máximo tribunal, representan una “opinión personal”.

“La Corte no ha opinado sobre el fallo de Griesa institucionalmente, ni vamos a opinar, ni tenemos nada que decir”, subrayó. Y agregó: “Una cosa es una opinión personal y otra cosa es la posición institucional del Poder Judicial. Nosotros no podemos opinar sobre un juez extranjero ni sobre una sentencia, porque lo que sostenemos nosotros es que las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todos lados”.

Lorenzetti aclaró nuevamente que no se pronunciará sobre la conducta de Griesa pese al pedido de Capitanich, quien en su conferencia de prensa del pasado 19 de junio se quejó porque el conflicto con los holdouts no ha contado con la participación de ningún miembro del Poder Judicial argentino.

“Observo, no sin una reflexión, que el sistema judicial argentino no se ha expedido sobre este tema, ni la Corte Suprema (de Justicia) ni tampoco jueces de instancias inferiores”, señaló el jefe de ministros en aquella oportunidad.

Elliott Management, la matriz de NML y principal acreedor no reestructurado, prepara citaciones a bancos internacionales para tratar de confiscar lo que sospecha son fondos argentinos provenientes de malversación, dijo una fuente del fondo de cobertura a IFR, un servicio de la agencia Reuters.

Cruces de precandidatos

El gobernador bonaerense y precandidato presidencial, Daniel Scioli, consideró ayer que su rival por el PRO y jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, tiene una visión equivocada sobre el conflicto con los holdouts y volvió a defender la posición del Gobierno nacional de buscar alternativas de pago a bonistas.

En declaraciones a la prensa en Misiones, Scioli insistió en apoyar a la gestión de la Presidenta, y dijo: “Está haciendo lo suyo para buscar alternativas y encontrar una solución definitiva”, en referencia al proyecto de“ley de pago soberano enviado al Congreso.

El mandatario bonaerense pidió una actitud de colaboración a empresarios y a la oposición para alcanzar el consenso y el acompañamiento para que se vayan generando condiciones y tener un “muy buen” desenlace en el conflicto por la deuda externa de la Argentina. (DyN-Reuters)

u riesgos operativos y jurídicos.- El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, afirmó ayer que el proyecto oficial de cambio de sede de pago a los bonistas reestructurados tiene riesgos operativos y jurídicos a futuro, y afirmó que el país necesita un marco normativo que le permita conseguir a la Argentina fortaleza política en la negociación con los fondos buitre. “Se plantea una solución con una selección de mecanismo que pueden significar algunos riesgos a futuro”, sentenció el diputado nacional, quien también remarcó: “desde el punto de vista operativo, algunos peligros, y desde el punto de vista jurídico, tiene también algunos riesgos”. (DyN)

u responsabilidad de “todos”.- El diputado Roy Cortina (PS-UNEN) sostuvo ayer que los kirchneristas llevan la discusión de la deuda al Congreso, porque pretenden socializar la responsabilidad de su impericia”. Ratificó, además, el rechazo de ese frente político a la propuesta del Poder Ejecutivo del cambio de agente de pago para bonistas reestructurados. Cortina advirtió al Gobierno que el oficialismo no venga a correr con un falso nacionalismo, cuando fueron ellos los que sometieron estas cuestiones a los tribunales de New York, igual que hicieron con el acuerdo de Chevron. (DyN)

u estrategia oficial.- La diputada Elisa Carrió (CC-UNEN) aseguró ayer que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre el canje de la deuda tiene como estrategia hacer caer a la oposición en la trampa “Patria o buitres”, que plantea el Gobierno. “(Y) lo está logrando”, reconoció. También dijo que la iniciativa anunciada esta semana por la presidenta Cristina Fernández es una trampa porque mantiene el desacato al fallo de la Justicia de los Estados Unidos, en la que el Estado argentino prorrogó voluntariamente su jurisdicción. (DyN)