BUENOS AIRES.- La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a través de su Área de Encierro, denunció más de 400 casos de violaciones a los derechos humanos que sufren personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios federales que fueron escenario de una serie de inspecciones a lo largo de un año y medio, e interpuso recursos de amparo, hábeas corpus individuales y colectivos y denuncias penales.

En total, según un informe de la Procuvin, organismo dependiente del Ministerio Público, se realizaron “412 intervenciones en 50 inspecciones a las cárceles llevadas desde abril de 2013 hasta agosto de 2014”.

“A través de las inspecciones realizadas se verificó una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que importan acumulación de padecimientos de distinta índole tanto para sí como para quienes integran sus vínculos cercanos; al mismo tiempo que se vivenciaron experiencias de desamparo e incluso riesgo inminente para la vida de personas detenidas”, señaló el informe.

De estas 412 intervenciones, la mitad se originó en las inspecciones, en las irregularidades que pudieron constatar los propios inspectores, en tanto que el resto fue a partir de denuncias presenciales y telefónicas, y también por correo electrónico.

Tras las inspecciones se formularon informes a los jueces, defensores y fiscales a cuya disposición se encuentran las personas detenidas y entrevistadas; se presentaron hábeas corpus individuales y colectivos; se formularon denuncias penales ante la comisión de delitos constatados; y se interpusieron acciones de amparo por la obstrucción de acceso a un centro de detención,

En un penal de Córdoba, incluso, “se retiraron elementos de tortura hallados durante la inspección”. Y en materia general “se requirió la cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes que derivaban de la falta de provisión de agua y de alimentos, de atención médica, de vestimenta y de acceso a la justicia”, consignó el informe del Procuvin, que dirige Abel Córdoba.

La Procuvin también promovió la clausura de pabellones durante inspecciones realizadas conjuntamente con funcionarios judiciales; supervisó el cumplimiento de medidas judiciales relativas al cupo de cada establecimiento, como la prohibición de ingreso de detenidos que residan a más de 500 kilómetros de distancia del penal de Resistencia (Chaco).

Además, equipos de profesionales realizaron informes interdisciplinarios de salud mental que bregaron por la relocalización inmediata de detenidos en dependencias acordes a los estándares de derechos humanos.

En total participaron de estas inspecciones 20 funcionarios y funcionarias de la Procuvin, que totalizaron 151 participaciones. Todas las inspecciones estuvieron signadas por el factor sorpresa, ya que, según consigna el informe, “en ningún caso, se anticipó a la institución a controlar sobre la inspección a desarrollarse”, y todas las entrevistas fueron “confidenciales”.

Los funcionarios ingresaron a los pabellones y celdas donde los detenidos permanecen alojados, pero también accedió a los espacios comunes, como las áreas de sanidad, la cocina, los espacios educativos y laborales, las salas de efectos, los patios y las salas de permanencia de requisa. (Télam)