El ministro fiscal, el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad quieren crear una figura nueva: el “grave arrebato”, para describir la modalidad más frecuente de robo en la vía pública, que es la que cometen los delincuentes que sacan carteras o celulares a víctimas vulnerables (mujeres, menores, ancianos), generalmente en moto.

La idea, de alto impacto en una sociedad asustada por la inseguridad callejera, consiste en modificar el artículo 284 del Código Procesal Penal para que se  dicte prisión preventiva a los sorprendidos en este delito. “Va a tener efectos disuasivos”, dice el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que no se preocupa por las objeciones surgidas contra el proyecto no nato, que sostienen que va a caer por inconstitucional.

Por lo menos, el asunto va a generar debate. Tanto el hurto (art. 162 del Código Penal) como el robo (art. 164) contemplan penas de un mes a dos años de prisión y un mes a seis años, respectivamente; y los arrebatos en la vía pública son considerados tentativa, aunque los delincuentes se lleven la cartera o el celular, y aunque lo hagan con violencia. Cuando es tentativa, la pena se reduce a la mitad. Por lo tanto son excarcelables y la reforma al Código Procesal Penal va a chocar con eso inexorablemente.

Se va a entablar una guerra entre el policía y el fiscal, por un lado, que van a detener (con el apoyo de la gente, que quiere que se termine el flagelo del arrebato) y por el otro lado los jueces, que van a liberar, pasando a ser los malos de la película. Pero para entonces ya se habrá planteado la idea del poder político, de calmar el enojo popular frente a la inseguridad. Habrá un culpable: la Justicia, que suelta a los arrebatadores.

Se va a plantear otro problema: qué hacer con los detenidos. Hubo un aumento del 20% de causas de 2013 a 2014, según se informa en el proyecto de ley. Hay unas 14 denuncias de arrebatos por día en la fiscalía de turno, y a eso hay que agregar las de fiscalías de Monteros y Concepción. Hay quienes estiman que debe haber unas 30 denuncias diarias y acaso unos 20 casos sin denunciar. Eso haría unas 1.500 denuncias por mes. El jefe del 911, comisario Luis Bacas, dice que en los meses con más detenciones se aprehendió a unas 270 personas, un 30% de las cuales, es decir 90, han sido arrebatadores. De prosperar el proyecto y de poner a la Policía a producir detenciones a destajo, ¿a dónde van a alojar a los arrebatadores, si las comisarías, con 500 detenidos, y la cárcel, con 1.400, están saturadas?

Un tercer interrogante es la utilidad del proyecto. Frente a este delito, ya se probó hace dos meses hacer megaoperativos como los de Barrio Sur, con secuestro de motocicletas sin papeles, y también se habló de elaborar mapas del delito, desde que se ha puesto especial atención en este barrio luego de las marchas y quejas de los vecinos. Ni con los anuncios de policías en las calles ha mermado el delito, que ha superado la inteligencia de los guardianes de la seguridad. Lo mismo ha pasado en Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli hasta hizo un programa antimoto al que pocos atienden.

En nuestro medio la Corte Suprema ha organizado un estudio de delitos en la Oficina de Autores Desconocidos, con la idea de elaborar patrones y modalidades de ocurrencia para, a partir de allí, organizar tareas de prevención. Pero la Policía sigue actuando a su manera, con operativos esporádicos según las zonas donde pega el calor y de acuerdo al momento. En realidad la fuerza de seguridad debería estudiar lo que pasa con una oficina de autores conocidos, para entender las modalidades de arrebato.

¿Podrá la ley, antes de que pudiera caer, cumplir con la finalidad disuasoria? ¿Servirá para contener l marea arrebatadora o sólo aplacará el enojo social por pocos días? Demasiadas dudas para un proyecto que pone en la Justicia la responsabilidad de la prevención, algo en lo que hasta ahora el Estado (el poder político y la Policía) ha fracasado.