Febrero de 1984 marcó el punto de partida del deambular por los tribunales federales de la jerarquía militar que condujo la represión en Tucumán entre 1975 y 1983. La ola revisionista que impulsó Raúl Alfonsín sintonizaba con el reclamo de verdad y justicia que brotaba de la sociedad. Investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de Estado había sido una de las patas del trípode programático de la UCR en los comicios del 30 de octubre de 1983. La decisión política de Alfonsín abrió un proceso de una complejidad tal que superó las previsiones iniciales del gobierno radical, con ramificaciones que se extienden hasta la actualidad, con los juicios del Tribunal Oral Federal (TOF).

En el arranque de esa etapa de la vida institucional, el PJ se mostró reticente en el orden nacional. En cambio, la gestión de Fernando Riera apoyó la formación de una comisión investigadora bicameral de violaciones a los derechos humanos.

Los oficios
El ex comandante de la V Brigada de Infantería y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, no se presentó a declarar el 7 de febrero como imputado no procesado ante el juez federal n° 1 Manlio Martínez. Era una causa abierta por una mujer que alegaba haber sido secuestrada en 1977. Martínez ofició otra vez al Ministerio de Defensa para lograr la comparecencia del entonces general de división en su juzgado y en el del juez federal N° 2, René Padilla. Las citaciones fueron notificadas en esta ocasión. Un día antes del regreso de Bussi a Tucumán, los abogados Rodolfo Vargas Aignasse y Julio Vargas Aignasse -presidente del Tribunal de Cuentas de la gestión Riera- denunciaron ante Padilla la desaparición de su hermano, el senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Años después, por esta causa, Bussi fue condenado a prisión perpetua y privado de su grado.

A las audiencias con Martínez y Padilla, Bussi fue luciendo uniforme y bastón de mando de grado. Su abogado era el ex fiscal de Estado, mayor José Roberto Abba, también citado por una causa de violación de derechos humanos. El segundo de Bussi en la V Brigada, el entonces general de brigada Luis Alberto Cáttaneo, compareció el mismo 8 de febrero, por idéntica situación. A Bussi lo vivaron sus simpatizantes -entre ellos varias mujeres-, mientras que familiares de detenidos desaparecidos y representantes de Madres de Plaza de Mayo lo hostigaban. El responsable máxino de la represión habló primero con Martínez, quien se retiró de tribunales abucheado por estos últimos grupos. Bussi concurrió después al despacho de Padilla.

Visiones opuestas
La polémica estalló tras el capítulo judicial. Al dialogar con la prensa, el jefe acusado reveló que planteó la incompetencia de la justicia federal y que pidió su juzgamiento por jueces militares, por lo que no declaró.

Acá se llevó a cabo una guerra donde se jugó el destino de la República, dijo Bussi. Se confunde una operación de captura de un delincuente subversivo con un secuestro y se pretende presentar como desaparecidos a quienes no son tales, aseveró.

Familiares de detenidos desaparecidos cuestionaron la impunidad que protegía a Bussi. Carmen de Mitrovich y Graciela de Jeger manifestaron su indignación y estupor por el despliegue policial en tribunales.

Carlos Soldatti relató que lo secuestraron el 26 de septiembre de 1976 para ser trasladado al campo de concentración de Famaillá y luego a la Brigada de Investigaciones. Los desaparecidos eran disidentes políticos, planteó Soldatti. En 2012, Jorge Rafael Videla, jefe supremo de Bussi, reconoció la penosa figura del desaparecido.