El intendente de la Capital Domingo Amaya aseguró, en la semana que pasó, que la ciudadanía exige una Ley de Ética Pública en la provincia, y tomó distancia de la postura del alperovichismo de la Legislatura, desde donde se confirmó que ese asunto no está en la agenda del cuerpo colegiado. Pero en la oposición consideran que el jefe municipal no realizó el pedido de manera sincera, sino para tratar de diferenciarse del oficialismo. Además de calificarlo de hipócrita, le señalaron que desde 2003 integra el proyecto del gobernador José Alperovich.

“Amaya ejerce la hipocresía como política de Estado. Si tanto le preocupa una Ley de Ética Pública, podría haber fijado reglas de transparencia en el ámbito de San Miguel de Tucumán. En una década nada hizo y eligió gobernar al ritmo de su mentor, Alperovich. Es la continuidad de un modelo corrupto y fracasado, con un cambio de discurso para engañar a la gente”, dijo la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR). Además, recordó que durante su paso por la Legislatura -entre 2011 y 2013- presentó un paquete de medidas llamada “Corrupción Cero”. “Quienes tienen cargos públicos deben entender que su obligación es dar cuentas de sus actos”, afirmó.

El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) consideró “insólito” que el intendente se exprese a favor de la Ley de Ética Pública, mientras en los medios se difunde “cómo crecen sin control los pastizales en espacios públicos”. “Pareciera que Amaya no sólo pretende hacernos creer que nunca tuvo nada que ver con la nefasta gestión de Alperovich, sino que además no tiene a su cargo la inmensa responsabilidad de mantener limpia nuestra ciudad”, afirmó Bussi. Y señaló que desde su banca formuló dos proyectos de Ley de Ética Pública, que no tuvieron el aval del oficialismo. “En lugar de entrometerse en cuestiones que no le incumben, Amaya debería hacerse cargo de sus responsabilidades. Vivimos en la ciudad más sucia, con el peor servicio de transporte público y con las calles más rotas de la Argentina”, expresó Bussi.

Hace 15 años, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional N° 25.188, conocida como De Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública. Esta normativa, que dispone la publicidad de las declaraciones juradas (dd jj) de los funcionarios, no ha tenido eco en esta provincia. Tucumán integra el lote de 12 distritos que no se adaptó a estas disposiciones, según reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ.

Por Mesa de Entradas de la Legislatura pasaron en estos últimos años diversos proyectos de ley para que los funcionarios públicos divulguen sus dd jj, pero la mayoría ya caducó.

La Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput) participó en la redacción de una propuesta (formalizado por José Páez, de la Democracia Cristiana) que no sólo contempla las declaraciones juradas. “Está prevista la incompatibilidad de las contrataciones con empresas del Estado que estén vinculados a funcionarios públicos; también los nombramientos de parientes de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad, salvo en casos de designación transitoria; también se fijan sanciones para aquellos que no cumplan con los deberes éticos. Esto comprendería a todos los funcionarios públicos, remunerados o no, asociaciones civiles, colegios profesionales, universidades y todo aquellos cargos que tengan responsabilidad en el Estado”, dijo Héctor Ávila, titular de Feput.