La reconstrucción institucional de Tucumán luego de la elección del 30 de octubre de 1983 resultó trabajosa y teñida del clima de confrontación entre peronistas y radicales. El país asistió a un escenario cambiado y sus principales actores políticos debieron lidiar con problemas inéditos de convivencia.

Uno de los asuntos que combinó esas dos facetas de la realidad de entonces, fue la creación de la Secretaría de Trabajo. El gobernador Fernando Riera decidió recrear ese organismo, en medio de la agitación que había creado en el mundo gremial peronista el proyecto de reforma sindical que alentó el alfonsinismo.

En marzo de 1984, la acción conjunta de los gobernadores y senadores peronistas, asociados con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) frenó la iniciativa que propiciaba establecer el pluralismo en las conducciones sindicales y la no reelección de sus dirigencias, entre otras cosas. El susto cundió en las organizaciones gremiales afines al peronismo.

Mientras tanto, proliferaban los conflictos gremiales con la administración rierista y los tironeos por la conducción de Fotia -intervenida por el Ministerio de Trabajo-. El delegado regional del ministerio era el abogado radical Juan Luis Pérez (Renovación y Cambio).

Presión por la vuelta
A principios de julio de 1984, las 62 Organizaciones se quejaron por la indiferencia de los diputados respecto del proyecto de ley que resucitaba la Secretaría de Trabajo.

Al mismo tiempo, interesaron al presidente de esa cámara por la agilización del trámite. En Diputados empezaron las discusiones en torno del proyecto. La UCR, que era la primera minoría, adelantó su aval, pero expuso reparos. Vamos a ser celosos custodios de que (la secretaría) no sea utilizada con fines electoralistas, se anticipó desde el bloque opositor.

Aldo Suárez (UCR) precisó que en el texto todo lo atinente al funcionamiento de las organizaciones gremiales, las convenciones colectivas de trabajo y los conflictos laborales sean de competencia nacional. En la órbita provincial se mantenía la policía del trabajo. En ese contexto se daba el voto de la UCR.

Al recinto
La cámara aprobó el 18 de julio el dictamen en medio de una tumultuosa deliberación. Manuel Martínez (UCR) denunció que Perón era un dictador. Aludía así al traspaso del poder de policía que las provincias hicieron en favor del ex presidente en 1973, asegurándole un manejo concentrado y verticalista de los entredichos laborales. Miguel Nazur, vocero del PJ, le contestó que Yrigoyen y Perón, tildados de dictadores, quedaron grabados en el corazón del pueblo.

Nazur explicó después que su partido no tenía una posición dual. Justificó la cesión de 1973 en que Perón era el garante de la felicidad del pueblo, pero que en 1984 debía revertirse la situación. Según ese criterio, Alfonsín no revestía esa condición. El Senado, con la ausencia de la mayoría de los radicales, sancionó la ley el 8 de agosto. Las fricciones entre Pérez y los gremialistas no se aplacaron. La CGT lo acusó de intentar destruir el movimiento obrero y favorecer los intereses de los grandes empresarios. Pérez le respondió que eran cargos antojadizos, graves e infundados, y que su misión consistía en hacer cumplir la ley.

Riera designó secretario de Trabajo a Luis Eduardo del Carril el 9 de abril de 1985, en medio de los delicados momentos que vivía el país. Del Carril pertenecía al peronismo histórico. Se propuso asegurar la paz social en momentos que se pretende crear problemas a los gobiernos de provincia. A él le competía entender en los conflictos gremiales, el cumplimiento de las normas laborales y controlar las condiciones higiene. Pérez y Del Carril se disputaban la misma torta.