En el banquillo que ocupan los acusados en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) se sentará hoy por primera vez un ex juez federal acusado por delitos de lesa humanidad. Manlio Torcuato Martínez está sospechado, de acuerdo con la acusación, por que sus “acciones y omisiones” habrían producido la “legitimación de una ejecución extrajudicial” de un grupo de personas y “aseguraron” la impunidad para quienes la llevaron adelante.

La causa es una derivación de la denominada “Romero Niklison” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz a prisión perpetua. En ese proceso oral se habían abordado las ejecuciones de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) el 20 de mayo de 1976. Ese día, policías y militares los asesinaron durante un allanamiento ilegal en una casa de Azcuénaga al 1.800, que pertenecía a Miguel Romano. El rol de Martínez tras ese violento episodio fue puesto en duda durante esa sentencia. Las imputaciones a Martínez están divididas en dos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison”- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado como autor de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios calificados. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, en tanto, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.

La base de la defensa del ex juez será en torno a quién correspondía la competencia para actuar en el hecho. Según el expediente, Martínez sostiene que no le correspondía, dado que estaba en funciones el Consejo de las Fuerzas Armadas. Desde ese punto, los defensores oficiales Manuel Bonnin y Vanessa Lucero desandarán los argumentos acusatorios.

El Tribunal estará integrado por Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón. Por la Fiscalía, en tanto, estarán el fiscal general Diego Velasco y el fiscal federal N°2 y titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Pablo Camuña. Intervendrán por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por María Delina Romano y Silvia Patricia Romano, los abogados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo. Como representantes de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano, los abogados Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison.

La secretaría de Derechos Humanos del TOF detalló que está prevista la declaración de 62 testigos y que la audiencia seguirá mañana; el viernes 20; y los días 8, 9, 16, 17, 22, 23 y 30 de abril.

El juicio iba a comenzar en octubre, pero se difirió para este año porque la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó el tratamiento de la recusación que hizo el imputado a la jueza María Alicia Noli. La magistrada, sin embargo, se excusó para evitar que el proceso se demore.

Este será el onceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en el TOF local desde 2008.