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ACUSADA. Valentina Olguín, influencer y cantante.
La Justicia Federal de Tucumán resolvió agravar el procesamiento y elevar significativamente el embargo preventivo sobre la influencer Valentina Olguín, en el marco de una investigación por presunto contrabando. La joven fue imputada por ingresar mercadería al país utilizando la identidad de varios gobernadores, entre ellos, Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La medida, confirmada por el Juzgado Federal 2, sostuvo que Olguín seguirá imputada sin prisión preventiva.
El tribunal decidió ampliar el procesamiento contra la acusada, considerada presunta autora del delito de contrabando (reprimido por el artículo 864 inc. "e" de la Ley 22.415), al incorporar a la causa de Tucumán los hechos registrados que tienen como damnificados a los otros gobernadores, y no solo el caso de Osvaldo Jaldo.
De acuerdo con los fundamentos, la norma tipifica como delito de contrabando acción que “simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico”.
El juzgado basó esta decisión en la incorporación de nuevos elementos probatorios, específicamente, como el análisis de dispositivos electrónicos que revelaron la comercialización de productos de distintas marcas. Se determinó que esta maniobra fue realizada en otras 15 oportunidades, "todas ellas en concurso real", además de las observadas en el inicio de la causa.
En total se computan: cinco compras al exterior a nombre del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; cuatro compras a nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; cinco compras a nombre del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; y una compra a nombre del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
En mayo de 2025, Olguín había sido procesada por el juez José Manuel Díaz Vélez en el marco de la causa por “contrabando simulado”. Luego, el fiscal Federal, Agustín Chit, pidió recalificar los hechos como “contrabando simulado en concurso real”, una figura que contempla penas más severas.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la actualización de las medidas cautelares sobre el patrimonio de la joven. El Juzgado Federal 2 dispuso elevó el embargo de $5 millones a $15 millones.
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