Finalmente, el Gobierno no lo dejó a su suerte a Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria. Lo cubrió a tiempo de la andanada de críticas que venía recibiendo de los productores, de afuera y de adentro de la entidad, por haber quebrado la Mesa de Enlace al no ir al paro de comercialización de la semana pasada. Dirigentes de la Federación Agraria ya especulaban que a Príncipe le sería muy difícil renovar su mandato.

Cristina Kirchner lo recibió en la Casa Rosada y anunció por cadena nacional que se dieron “por superados viejos desencuentros” en un acuerdo que calificó de histórico. El broche de oro en cuestión, que no fue el mate que le regalaron a la Presidenta sino el Fondo de Estímulo a los Pequeños Productores de Granos, tuvo un cuidadoso trabajo de orfebrería para cumplir con las expectativas políticas, aunque no las económicas de los pequeños productores (ver nota de tapa). Así a la ayuda directa de 2.500 millones de pesos para 46.121 pequeños productores de granos se la disfrazó como si se estuviera anunciando una segmentación de las retenciones para los más chicos. En su discurso, la Presidenta hablo de “una política de segmentación”, y su ministro de Economía, Axel Kicillof, comparó el impacto de la medida con los montos de las retenciones, aunque en la práctica nada tienen que ver con el mecanismo elegido para conformar el fondo de ayuda a los productores.

El truco del Gobierno, necesario para dar por pagada la lucha emprendida por la Federación Agraria, fue exitoso porque la mayoría de los medios de comunicación cayó en la trampa al hablar de retenciones diferenciales.

En materia política, nadie se fue con los bolsillos vacíos. La Presidenta no perdió la oportunidad de mostrarse como la defensora de los más débiles por más que pareció que los había olvidado al necesitar que le refresquen la memoria. “Me dijeron que son pequeños chacareros que no tienen nada que ver con los pooles de siembra”, mencionó, para después afirmar: “siempre he sido dura con los de arriba, jamás con los de abajo”. Los malintencionados recordaron que a las petroleras, los de muy pero muy arriba, les redujo las retenciones a las exportaciones de gas natural, petróleo y sus derivados del 45% al 1%. Los de abajo, los productores en general, no tuvieron esta suerte: las retenciones a las exportaciones se mantienen inalterables a pesar de la abrupta baja de las commodities como reconoció Axel Kicillof en su presentación.

Sólo a los de muy abajo, los productores más pequeños, esta vez les cayó algo y deberán conformarse con la ayuda mensual que comenzarán a recibir a partir del 15 de abril con montos que promediarán los 4.000 pesos por mes. Un subsidio al estilo de los planes sociales, que se cobrará siempre y cuando los exportadores liquiden sus exportaciones. De reducir la presión impositiva y generar las condiciones para tener un negocio rentable con la agricultura hay que olvidarse por el momento.

En definitiva, nada nuevo. Es la misma metodología que se mantiene invariable y se aplica desde el inicio del kirchnerismo: primero se les saca mucho a todos, este año 60.000 millones de dólares sólo en materia de retenciones, para después elegir unos amigos y darles un poco, los $ 2.500 millones del Fondo de Estímulo. Claro, a veces la metodología falla y el diablo puede meter la cola. Porque entre las producciones menores a las 700 toneladas, se encontrará a más de un tambero y un ganadero mediano o grande que al sembrar una sojita de 70 hectáreas también terminará por recibir el subsidio junto a los pequeños chacareros.

Y a modo de perlita, y como muestra de que en todo discurso o presentación kirchnerista tiene que haber un enemigo, vale consignar la prueba del delito contra los grandes exportadores que presentó Kicillof. Los acusó diciendo que el productor recibe un precio muy inferior al que ellos reciben, que en la soja y el maíz es sólo el 60% del precio internacional. Alevosamente el ministro confundió a la opinión pública al no aclarar que esa diferencia se debe en gran parte a las retenciones que cobra del 35% para soja y del 25% para maíz, además de los diferenciales generados por las regulaciones distorsivas.

En resumen, podría decirse que la unidad gremial de los productores se puso en venta en este año electoral y el Gobierno la compró por 2.500 millones de pesos. ¿Resultó un buen negocio?