La causa iniciada a partir de la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra Alejandro Noguera, fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, quedó en poder de Diego López Ávila, titular de la Fiscalía de la IV Nominación. Ese funcionario fue elegido por el ministro público Edmundo Jiménez luego de que Mariana Rivadeneira, fiscal de la I Nominación, se apartase del expediente que acumula las presentaciones del abogado Alfredo Falú contra Noguera; del abogado Carlos Garmendia contra Guillermo Herrera, fiscal de la X Nominación, y Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación, y del Colegio de Abogados de la Capital contra Noguera y Herrera.

Esta causa con repercusiones institucionales imprevisibles ingresó inicialmente a la oficina de López Ávila, pero este la giró a Rivadeneira considerando que el presunto hecho delictivo había ocurrido cuando la Fiscalía I estaba de turno. Sin embargo, Rivadeneira rechazó el caso y el conflicto entre ambos “subió” al superior común: Noguera. Este, si bien se excusó de intervenir en la diferencia entre los fiscales de Instrucción por haber sido denunciado, tuvo acceso a la información contenida en el expediente (el caso luego pasó de Noguera a Daniel Marranzino, fiscal de Cámara; entonces, Jiménez zanjó la controversia y derivó el asunto a López Ávila). Entre otros documentos, el cuadernillo ya incluía la ratificación de Falú, letrado de la querella en la causa “Jorrat”, quien había propuesto a Rivadeneira la realización de una serie de pruebas atinentes a comprobar si la carta elogiosa dirigida al imputado Rubén “La Chancha” Ale había sido escrita por Noguera.

“Garantía de impunidad”

Según la UIF, el fiscal denunciado habría redactado la carta laudatoria luego de que los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar rechazasen su pedido para que cese la prisión preventiva de Ale en la causa “Jorrat”. La misiva sin firma y escrita en un ordenador fue hallada en el domicilio del imputado durante el allanamiento que practicó la Justicia Federal en el ámbito de una causa iniciada por la denuncia de Susana Trimarco, mamá de la joven desaparecida María de los Ángeles “Marita” Verón.

“Cuando tuve la oportunidad de ascender, todos me dijeron que viniera a la Cámara de Apelaciones porque eran tres personas con criterio (los jueces Elva Graciela Jiménez -jubilada en 2013-, Albo y Vitar), que respetaban los derechos y eran honorables; pues bien, craso error, son tan basuras como el resto; les importó tres pingos que seas inocente, que te hayas comido un garrón y que tu salud no sea la mejor. Se vendieron todos por esa mano negra que vos veías y yo no vi”, dice un tramo de la carta. Casi seis días después de la divulgación del hallazgo, Noguera emitió un comunicado de prensa en el que negó ser el autor de la misiva y estar en connivencia con los Ale.

Fuentes judiciales no ignoran que, según pasan los días y se diluye el “factor sorpresa”, disminuye la posibilidad de probar el origen de la carta. Sin embargo, la causa excede ese cometido primitivo puesto que las denuncias de Garmendia y del Colegio de Abogados apuntan en otras direcciones. El primero acusa a Herrera de haber dado un vuelco rotundo en su posición sobre una supuesta usurpación, y de haber requerido el sobreseimiento de los imputados Ale y Daniel Jorrat cuando había 107 pruebas para elevar la causa “Jorrat” a juicio. “Pisa hizo lugar al sobreseimiento cuando debió haber denunciado la maniobra. (...) De este modo, garantizó la impunidad”, dijo Garmendia, que asesora a Trimarco. El Colegio, por su parte, sostiene que las conductas de los dos fiscales denunciados, pero, sobre todo, la de Herrera, encuadraría en un patrón orientado a usar el fuero penal para conseguir beneficios económicos a partir de conflictos de índole civil.