Con los avances tecnológicos aumenta el grado de especialización y, en consecuencia, la disponibilidad de bienes y de servicios en la economía. Las ventajas comparativas de cada país, conjuntamente con una relativa especialización, movilizan el comercio internacional. Pero no sólo el movimiento de mercancías, sino también de factores productivos, especialmente, de capital y de trabajo. Si un país incrementa su sector externo, es decir si aumenta sus exportaciones y sus importaciones, tiende a mejorar su integración con el mundo.

Las empresas argentinas, en especial las exportadoras, afrontan un problema de costos y de precios, vinculado con el tipo de cambio y con la presión tributaria. La existencia de un “dólar barato” desalienta las exportaciones, al colocar el precio de los productos a exportar en condiciones no competitivas. Esto se corrigió, pero aún hay restricciones cuantitativas o arancelarias a las importaciones de materias primas e insumos que forman parte de los costos de la cadena de valor de las empresas agroindustriales exportadoras.

Las tasas de intereses reales son más altas en los mercados internos que en los internacionales. A su vez, hay impuestos distorsivos que integran los costos de la cadena de valor. Debe alentarse, dentro de un sistema de tipo de cambio libre (o de flotación administrada por el Banco Central) la adecuación del dólar a una paridad que permita incrementar los ingresos de divisas mediante exportaciones.

Además, las empresas agroexportadores requieren otras medidas complementarias:

• Disminuir un 50% las cargas sociales de la mano de obra afectada a la exportación.

• Reducir las tarifas públicas, otro 50%, para las empresas agroindustriales que exportan o que pueden hacerlo.

• Establecer tasas regresivas del Impuesto a las Ganancias para los beneficios directos, derivados de la exportación. Este sería un aliciente para las empresas agroindustriales del NOA, del NEA, de Cuyo y de la Patagonia.

• Liberar de aranceles las importaciones, que se utilizan como materias primas o insumos de los productos exportables.

Ahora bien: ¿cómo compensa el Estado la disminución de ingresos, por el efecto de estas medidas económicas? Es necesario que se establezca una alícuota en el Impuesto a las Ganancias para el sector financiero del 40% sobre la renta neta sujeta a dicho impuesto. Además, se podría gravar la intermediación financiera, es decir los movimientos de las bolsas de valores y la especulación financiera.