El Gobierno nacional sufrió ayer un traspié político en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al ser rechazado, por el voto conjunto del peronismo, del kirchnerismo y del massismo, el decreto 797/16, por el cual propiciaba un incremento presupuestario de $ 76.000 millones para este año para financiar obras públicas y cubrir el pago de aumento del 15% a los haberes jubilatorios. La iniciativa, que también incluía la realización de obras públicas como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a través del conurbano bonaerense, no obtuvo las firmas suficientes ya que el oficialismo está en minoría en esa comisión. La principal objeción de los bloques opositores fue que de las 66 obras que se pretenden reanudar con esos fondos, el 70% serán hechas en Buenos Aires y en la Capital Federal.

La diputada kirchnerista por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, basó su rechazo al DNU en “cuestiones políticas”. Sólo 13 de las 24 provincias recibirán obras y el 70% serán para el Gran Buenos Aires”, objetó. “El soterramiento del Sarmiento es un escándalo. Le reasignan $ 2.410 millones para el primo Calcaterra”, afirmó Di Tullio, ironizando sobre la relación familiar que mantienen el presidente Mauricio Macri y el titular de Iecsa, Angelo Calcaterra.

Su compañero de bancada, el santafecino Marcos Cleri, además, opinó que la falta de la firma de Mauricio Macri en el decreto, en su lugar firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti, “es porque no quiere dejar constancia de que le da obras a su primo”.

El porteño de PRO Pablo Tonelli le respondió que las obras de soterramiento del ferrocarril, que transcurre por el oeste del conurbano, le fueron otorgadas a Calcaterra en 2007 “con la firma de Néstor o de Cristina Kirchner y el que las otorgó es (el ex secretario de Transporte) Ricardo Jaime”. “¡Sáquenselas, entonces!?, le gritó Di Tullio, a lo que Tonelli respondió: “antes de hablar de transparencia, háganse cargo de las obras que le dieron a (el procesado constructor Lázaro) Báez”.

El diputado oficialista cordobés Nicolás Massot, aclaró que no es una reasignación de partidas, sino una ampliación de partidas para todas las obras públicas, y pronosticó que en la Ley de Presupuesto 2017 se conocerán los montos y las obras que se harán el próximo año.

El decreto también fue rechazado por el diputado massista bonaerense Ricardo Alonso, también “por cuestiones políticas” y consideró que “el DNU es inválido porque no es urgente y está mal fundado”. También, se señaló otra violación legal por autorizar la toma de deuda para financiar el pago de gasto corriente -en referencia a los haberes jubilatorios-.

Pese al dictamen de mayoría en contra, el DNU aún debe ser debatido en ambas cámaras del Congreso y sólo quedará invalidado si es rechazado tanto en el Senado como en Diputados. Si consigue sanción favorable en una sola de ellas queda aprobado, aunque en el Senado la mayoría peronista hace prever como poco probable su sanción. En tanto, en Diputados, si bien el oficialismo tiene más posibilidad de negociar, es cierto que el nuevo posicionamiento del massismo al menos hace dudar sobre la posibilidad de que pase.