Después de cinco meses y medio de trámite, el tribunal ad hoc formado por los camaristas penales Eduardo Romero Lascano, Carlos Caramuti y Juana Juárez rechazó la recusación que había deducido el imputado Miguel Ángel Brito. Con este planteo, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de José Alperovich pretendía apartar de su caso a Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El fracaso de la recusación habilita a ese estrado para expedirse sobre la impugnación que había articulado Brito contra el fallo que el 4 de marzo confirmó la elevación a juicio de la causa “DAU”. Fuentes judiciales anticiparon que la definición sería inminente: si el recurso no prospera, el expediente pasará a la Cámara Penal para el sorteo de una sala de juicio; si es admitido, la cuestión ha de ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

En la resolución del 22 de agosto que desechó la recusación, los camaristas Romero Lascano, Caramuti y Juárez manifestaron que Brito no había llegado a acreditar en forma concreta el temor de parcialidad que dijo sentir respecto de Albo, Vitar y Pedicone. Arnaldo Ahumada, defensor del acusado, adujo en su momento que los vocales habían sufrido presiones graves e inusitadas desde sectores internos del Poder Judicial y externos a él reflejadas en publicaciones periodísticas y en comentarios en las redes sociales, “clima” que produjo el temor de parcialidad. En paralelo y en virtud de la divulgación de las diferencias que el trámite del expediente había generado entre los vocales Pedicone y Albo, la Corte Suprema llamó la atención a los secretarios Mario Visuara y Graciana Marigliano.

La recusación fue rechazada por los propios jueces cuestionados y por Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones. “Si aceptamos que la mera divulgación periodística de la causa resulta bastante para apartar a estos jueces, entonces habría que hacer lo propio con los que sucesivamente resultaren sorteados, dado que el motivo fundante de la recusación persistirá quedándose así este proceso sin jueces, lo que obviamente resulta absurdo e inadmisible”, razonaron Romero Lascano, Caramuti y Juárez. Y añadieron que, en este caso, el “temor de parcialidad”, en el supuesto de existir, no pasaba de un mero subjetivismo carente de elementos o de circunstancias objetivas que le otorgaran asidero.

El imputado encabezó la DAU entre 2008 y 2012. Renunció luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del Tribunal de Cuentas (TC) que advertía sobre presuntos sobreprecios en un proyecto de obra para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno. Tras esto, los entonces legisladores radicales Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) y Ariel García (hoy vicepresidente 2° de la Legislatura) formularon una denuncia por presunta corrupción. Después de compulsar supuestas irregularidades detectadas por el TC en 86 obras, el fiscal Arnoldo Suasnábar solicitó el juzgamiento de Brito, dictamen que avaló la ex jueza Mirta Lenis de Vera en 2014 mediante una resolución cuya discusión aún no ha terminado.