Tras 10 meses sin referirse de forma pública a la investigación por los millonarios gastos sociales de la Legislatura, y luego de que LA GACETA publicara que había archivado la causa por considerar que no había posibles delitos, el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, dio una conferencia de prensa en su despacho para explicar su polémica decisión. Apenas comenzada la charla, refutó las críticas que recibió por no haberle dado pronta participación a un juez de Instrucción -aseguró que sólo correspondía ese paso en caso de flagrancia- y se manifestó consciente de que la pesquisa había “generado muchísima expectativa en la población”. Añadió que el archivo no implicaba el sobreseimiento. Y destacó que, para tomar esa medida, resultaron claves los informes del Tribunal de Cuentas (TC) y del Poder Legislativo, entre otras pruebas.
- ¿Entonces no se pudo probar que (esos $ 615,6 millones) hayan sido usados con fines electorales?
- No, no, lo que pasa es que yo pido los informes en primer lugar a la Legislatura, para que me diga quiénes han sido los contadores fiscales que se desempeñaron en la delegación afectada al Poder Legislativo en los últimos 10 años. (...) y mando a pedir la documentación respaldatoria de todas las remuneraciones por todo concepto que recibieron los legisladores en los últimos dos años...
- ¿Pidió el detalle de los beneficiarios de los subsidios?
- Les pido... No, espere un poquito, no se anticipe usted, que estoy haciendo el recuento de todo esto. Cuando me manda la Legislatura el detalle de todos los conceptos que han percibido los legisladores no figura ningún monto como sobresueldo o ningún otro concepto. (…) Los contadores dicen que en todos los casos las ayudas sociales han sido a personas individuales, donde constaba número de documento, fotocopias de DNI, recibos y toda documentación respaldatoria, y no observaron en algún momento alguna anormalidad. (…)
- ¿Puede asegurar entonces que esos fondos eran destinados a ayudas a personas? ¿Se determinó a los beneficiarios de los $ 615 millones?
- Lo que pasa es que, al dictarse un acto administrativo por un órgano del Estado (es decir, Presidencia de la Legislatura), y ese acto administrativo está aprobado y dice que no hay ninguna irregularidad, incursionar en eso sería inmiscuirse un poder del Estado, en analizar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia para el dictado de un acto administrativo, lo cual está vedado...
- ¿Y quién controló esto?
- Lo controló el TC, y dice que no hay ninguna irregularidad.
- ¿Le parece lógico que se haya gastado ese monto en subsidios?
- No puedo opinar si me parece o no, tengo que ser objetivo con los elementos que me aporta (la pesquisa). (...) Están a disposición de todo ciudadano los 20 cuerpos para que los examinen. El que quiera hacerle una auditoría al expediente, aquí está a disposición.
Navarro Dávila se mostró molesto cuando LA GACETA le consultó si no había considerado excusarse en la causa, ya que la Legislatura había librado de un juicio político a su esposa, la vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Liliana Vitar (por error, se incluyó en la pregunta un pedido de remoción en su contra que en realidad no se concretó). “Pero, ¿por qué va a mezclar cosas que no corresponden? ¡Eso es un golpe bajo, una bajeza de parte suya!”, respondió. Se le explicó a continuación que ese había sido un pedido del denunciante del caso, Oscar López. “Él es un cobarde, porque se ha excusado por escrito y ha pedido disculpas por las barbaridades que ha dicho. ¡No venga con golpes bajos, eso es de mal periodista! ¿Por qué LA GACETA demoró en contestar el oficio y por qué no está publicando el identikit de la causa de Herrera (sic), donde se acusa uno de los miembros de la Corte?”, aseveró el magistrado.
El fiscal aseveró que no podía citar a declarar a legisladores, ya que hubiese implicado un exceso en las actuaciones previas a un requerimiento de investigación jurisdiccional. Luego, ante una consulta de este diario, afirmó que no estaba al tanto de las demandas que formuló López en el fuero contencioso administrativo en contra de la Legislatura y del TC por el manejo de esos fondos. “Nadie me ha informado nada de eso”, afirmó.
- ¿Usted confirma que los legisladores sólo cobraban dieta cuando le pregunta a la Legislatura...? (interrumpe la pregunta)
- ¡No haga preguntas capciosas! Pregúnteles a los legisladores, pida sus declaraciones juradas, pero no haga ese tipo de preguntas.
- ¿No correspondía que usted las pida?
- No, para eso está la AFIP.
- ¿Y dónde irían los fondos?
- Pregúnteles a ellos.
- Les preguntamos. Reneé Ramírez dijo que cobraba $ 150.000 al mes para gastos sociales.
- ¿Lo denunciaron a Ramírez?
- ¿No le parece a usted que correspondía investigarlo?
- No voy a decir lo que me parece, tengo que hablar objetivamente como fiscal, como persona puedo decir muchas cosas de lo que pienso, pero tengo que ser objetivo y respetuoso. (...) Gracias a Dios he llegado por concurso (a este cargo), y en todos los actos de mi vida, y en todas las funciones en que me he desempeñado no tengo nada que tapar. Yo no tengo muertos en el placard; el que diga algo, que lo saque y lo desafío. Yo sí puedo decir de más de uno que tiene sus muertos en el placard.