El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy por ?defraudación contra la administración pública? y ?lavado de bienes de origen delictivo? a 25 empleados del Ministerio del Interior que, entre el 2009 y el 2013, desviaron para beneficio propio o de terceros unos 50 millones de pesos que de programas de esa cartera financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Además, en su resolución y entre otras medidas, el magistrado ordenó intimar al Club Atlético Independiente para que devuelva una suma cercana a los 500.000 pesos que, en 2012, fue abonada por uno de los procesados por la compra de un palco por diez años, cuya posesión será retornada al club para que vuelva a comercializarla. 
Se trata de una causa iniciada merced a una denuncia realizada por el ex ministro Florencio Randazzo, quien se desempeñó en ese cargo desde la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre del 2007, hasta el final de su último mandato, en diciembre del 2015, en base a dos auditorías, una de ellas realizada por el PNUD y la otra por el propio Ministerio,
En su resolución, difundida hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio dispuso el procesamiento de 25 imputados en el marco de este expediente, algunas de los cuales se desempeñaron en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) o bien en alguno de los proyectos financiados por el PNUD en el ámbito del entonces Ministerio del Interior y Transporte. 
Entre los procesados se cuentan ex responsables de la UEP, entre ellos Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, quienes se desempeñaron, en distintas etapas como coordinadores generales o directores nacionales de esa unidad dentro del entonces Ministerio de Interior y Transporte que conducía Florencio Randazzo,
La investigación concluyó que los ahora procesados ?desviaron en provecho propio o de terceros aproximadamente 50 millones de pesos, en el período comprendido entre abril del 2009 y mayo del 2013?. 
Además de procesarlos por los presuntos delitos de ?defraudación contra la administración pública? y ?lavado de activos?, el magistrado dispuso el embargo del dinero    y de los bienes que habrían sido adquiridos a partir del desvío de los fondos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los programas financiados por el PNUD en los que fueron detectadas estas maniobras delictivas fueron cuatro: uno de ellos estaba destinado a la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas; otro a la del Archivo General de la Nación; otra al ?fortalecimiento del proceso electoral argentino?; y el cuarto al fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Entre otros hechos, la resolución de Bonadio da cuenta de que, el mismo día en que asumió su cargo como coordinador general de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Héctor Damián Mazza utilizó 492.772 pesos para adquirir el palco número 65 del Club Atlético Independiente por diez años, ?una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero que el Estado tenía a su cuidado?.
En tanto, sobre la ex directora nacional de UEP hasta julio del 2012, María Lourdes Giménez, la Justicia pudo probar que en abril del 2013 compró un auto marca Audi todo terreno modelo Q3 y que ese mismo mes fue autorizada a conducir otro Audi -en este caso modelo S4 3.0 V6T FSI Quattro-, adquirido por la empresa Callmed, una de las contratadas en el marco de los programas del PNUD.
Por otro lado, la investigación determinó que las autoridades máximas de la UEP, Giménez y Sáenz Rico, contrataron empresas que tenían vinculación directa con ellos, dado que ?compartían viajes y vivienda? con sus dueños.
?Situación similar ocurre con la firma Gurban 360 SA, donde sus titulares son los primos de Giménez y Sáenz Rico?, consigna el fallo, que también señala que ?la mamá de la otra autoridad máxima de la UEP, Héctor Mazza, constituyó la firma On Group SA con el primo de Sáenz Rico?, y que tanto esa firma como Hak SA -todas ellas contratadas por la UEP- ?fueron constituidas el mismo día, con el mismo capital social, ante el mismo escribano y con igual domicilio?.
Las maniobras, según pudo establecer la investigación, tenían distintas modalidades, una de las cuales -con la que fueron desviados al menos 2 millones de pesos- fue la emisión de cheques a favor de terceros, quienes -indica el fallo- ?actuaban como persona interpuesta ya que los endosaban y, finalmente, eran cobrados por personal que se desempeñaba en la misma UEP o bien falsificaban el endoso y las facturas de los destinatarios de los cheques?.
En tanto, en el marco del expediente, fue incorporado también un sumario confeccionado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación a ?cuatro reportes de operaciones sospechosas de la UEP? que advertía sobre ?dudas? acerca de la ?transparencia? y la ?confiabilidad? de las contrataciones realizadas desde esa Unidad.
El escrito -según consta en el fallo- señalaba ?la incorrecta evaluación de la solvencia financiera e idoneidad de los oferentes, la falta de controles en los procesos de adjudicación, y la falta de publicidad de las licitaciones?, entre otras anomalías. (Télam)
El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy por "defraudación contra la administración públicay lavado de bienes de origen delictivo" a 25 empleados del Ministerio del Interior que, entre 2009 y 2013, desviaron para beneficio propio o de terceros unos $ 50 millones de programas de esa cartera financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Además, en su resolución y entre otras medidas, el magistrado ordenó intimar al Club Atlético Independiente para que devuelva una suma cercana a los $ 500.000 que, en 2012, fue abonada por uno de los procesados por la compra de un palco por 10 años, cuya posesión será retornada al club para que vuelva a comercializarla. 

Se trata de una causa iniciada merced a una denuncia realizada por el ex ministro Florencio Randazzo, quien se desempeñó en ese cargo desde la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2007, hasta el final de su último mandato, en diciembre del 2015, en base a dos auditorías, una de ellas realizada por el PNUD y la otra por el propio Ministerio,

En su resolución, difundida hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio dispuso el procesamiento de 25 imputados en el marco de este expediente, algunas de los cuales se desempeñaron en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) o bien en alguno de los proyectos financiados por el PNUD en el ámbito del entonces Ministerio del Interior y Transporte. 

Entre los procesados se cuentan ex responsables de la UEP, entre ellos Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, quienes se desempeñaron, en distintas etapas como coordinadores generales o directores nacionales de esa unidad dentro del entonces Ministerio de Interior y Transporte que conducía Randazzo,

La investigación concluyó que los ahora procesados "desviaron en provecho propio o de terceros aproximadamente $ 50 millones, en el período comprendido entre abril del 2009 y mayo del 2013". 

Además de procesarlos por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos, el magistrado dispuso el embargo del dinero y de los bienes que habrían sido adquiridos a partir del desvío de los fondos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los programas financiados por el PNUD en los que fueron detectadas estas maniobras delictivas fueron cuatro: uno de ellos estaba destinado a la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas; otro a la del Archivo General de la Nación; otra al "fortalecimiento del proceso electoral argentino"; y el cuarto al fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Entre otros hechos, la resolución de Bonadio da cuenta de que, el mismo día en que asumió su cargo como coordinador general de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Héctor Damián Mazza utilizó $ 492.772 para adquirir el palco número 65 del Club Atlético Independiente por 10 años, "una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero que el Estado tenía a su cuidado".

En tanto, sobre la ex directora nacional de UEP hasta julio del 2012, María Lourdes Giménez, la Justicia pudo probar que en abril del 2013 compró un auto marca Audi todo terreno modelo Q3 y que ese mismo mes fue autorizada a conducir otro Audi -en este caso modelo S4 3.0 V6T FSI Quattro-, adquirido por la empresa Callmed, una de las contratadas en el marco de los programas del PNUD.

Por otro lado, la investigación determinó que las autoridades máximas de la UEP, Giménez y Sáenz Rico, contrataron empresas que tenían vinculación directa con ellos, dado que "compartían viajes y vivienda" con sus dueños.

"Situación similar ocurre con la firma Gurban 360 SA, donde sus titulares son los primos de Giménez y Sáenz Rico", consigna el fallo, que también señala que "la mamá de la otra autoridad máxima de la UEP, Héctor Mazza, constituyó la firma On Group SA con el primo de Sáenz Rico", y que tanto esa firma como Hak SA -todas ellas contratadas por la UEP- "fueron constituidas el mismo día, con el mismo capital social, ante el mismo escribano y con igual domicilio".

Las maniobras, según pudo establecer la investigación, tenían distintas modalidades, una de las cuales -con la que fueron desviados al menos $ 2 millones- fue la emisión de cheques a favor de terceros, quienes -indica el fallo- "actuaban como persona interpuesta ya que los endosaban y, finalmente, eran cobrados por personal que se desempeñaba en la misma UEP o bien falsificaban el endoso y las facturas de los destinatarios de los cheques".

En tanto, en el marco del expediente, fue incorporado también un sumario confeccionado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación a cuatro reportes de operaciones sospechosas de la UEP, que advertía sobre "dudas" acerca de la transparencia y la confiabilidad de las contrataciones realizadas desde esa Unidad.

El escrito -según consta en el fallo- señalaba ?la incorrecta evaluación de la solvencia financiera e idoneidad de los oferentes, la falta de controles en los procesos de adjudicación, y la falta de publicidad de las licitaciones?, entre otras anomalías. (Télam)