La ley que declara el estado de emergencia en Seguridad, en Adicciones y en las Cárceles fue promulgada ayer por el gobernador, Juan Manzur, y por los funcionarios de su gabinete, anunció a LA GACETA el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Néstor Amado. El dirigente oriundo de Monteros anticipó que la normativa, sancionada el 22 de septiembre por el Poder Legislativo, saldrá publicada en el Boletín Oficial (BO) sin modificaciones.

El tratamiento de la declaración de emergencia por la avanzada del delito complejo en la provincia había generado roces entre la Casa de Gobierno y la Legislatura.

El viernes 16 de agosto a la mañana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció por Twitter que convocaba a una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para debatir de manera urgente la adhesión al decreto del presidente, Mauricio Macri, que declaró el estado de excepción en el territorio nacional por el narcotráfico, la trata de personas y otros hechos graves relacionados a la inseguridad.

Horas después, cerca del mediodía, el gobernador Manzur comunicó -también por las redes sociales- que estaba firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictaba la emergencia en seguridad, aunque en un régimen paralelo al de la Nación.

Seis días más tarde, la Legislatura -incluido el bloque oficialista Tucumán Crece- rechazó en todos sus términos el DNU de Manzur y sancionó una ley basada en los proyectos de los propios miembros del cuerpo colegiado. Por esto, había expectativas en el ámbito político por un posible veto -parcial o total- del PE sobre la norma. Esto finalmente no se dio, explicó ayer el ministro Amado a este diario.

Cuatro puntos

La declaración de emergencia abarca cuatro puntos. El primero apunta a la crisis en el área de seguridad. En este caso, la medida tiene por objetivo “revertir la situación de peligro colectivo” que causan el delito complejo, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad. El estado de emergencia abarca: la producción, tráfico y venta de drogas; el contrabando de armas y de estupefacientes; hechos perpetrados por asociaciones ilícitas organizadas con fines políticos, raciales o terroristas; fraude contra el erario; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; delitos tributarios y trata de personas.

El segundo punto es la emergencia en política carcelaria. Al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días (a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial) y puede ser renovada por un año más.

El tercer punto es la declaración de emergencia en materia de tratamiento y recuperación de adictos, cuyo objetivo es “profundizar y ampliar en el territorio provincial los espacios terapéuticos” para la contención de ciudadanos.

El ministro Amado confirmó la promulgación de la normativa, y aunque quedará vigente sin modificaciones, advirtió que solicitará algunas medidas al Poder Legislativo. “Nos interesa también la declaración de emergencia en las comisarías, de forma específica, para poder abocarnos de manera urgente a ese asunto”, señaló el funcionario. Anticipó además que el próximo viernes visitará el penal de Villa Urquiza junto a autoridades del Poder Judicial y miembros de la Legislatura para revisar el avance en las obras.

"La demora de 15 días es inentendible"

El 22 de septiembre, reunidos en sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad la declaración de la Emergencia en Seguridad en la Provincia, adhiriendo además al decreto de alcance nacional dictado por el presidente Mauricio Macri. Debido al tiempo transcurrido entre la sanción de la norma y su puesta en vigencia por el Poder Ejecutivo (PE), desde la oposición parlamentaria surgieron críticas hacia la Casa de Gobierno.

“La demora de 15 días es inentendible. No se puede seguir aceptando que el Gobierno provincial, en especial el secretario Paul Hofer, nieguen que las cosas se han salido de los carriles en esa área”, señaló Alfredo Toscano, del bloque Peronismo del Bicentenario (afín al intendente Germán Alfaro).

Remarcó luego que el gobernador, Juan Manzur, había “dictado un decreto de necesidad y urgencia” con un sorpresivo apuro. “Después, la Legislatura sancionó una norma superadora, que contemplaba además la adhesión al decreto nacional. Así se le otorgó una herramienta muy importante al PE para combatir el delito y para poder coordinar tareas con otros poderes públicos”, señaló el peronista disidente. Y añadió: “un día el Gobierno provincial se muestra tremendamente urgido por la emergencia; después tarda 15 días en publicar la ley. Eso habla a las claras de que se trató más de una operación política que de una necesidad real”.

El radical José Canelada, presidente del bloque UCR, le exigió a Manzur “que se ponga los pantalones largos y actúe con la eficacia y la contundencia que se requiere para combatir este flagelo”. “En una provincia castigada por la inseguridad, en la que ha quedado expuesto el vínculo entre algunos sectores de la política y el narcotráfico, donde hay funcionarios públicos que juegan a las persecuciones con la policía, Manzur sigue llegando tarde a atender las necesidades de los tucumanos”, señaló Canelada.