La entrega de dinero para subsidios discrecionales por parte del Poder Legislativo continúa generando disputas en los tribunales.

La Provincia, a través de la Fiscalía de Estado del PE, planteó un recurso de revocatoria y de oposición en contra de las pruebas requeridas por el legislador macrista Luis Brodersen (PRO-A), en el marco de la causa que tramita la Sala II del fuero Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

El letrado Aldo Luis Cerutti, en representación del Estado provincial, objetó la decisión del tribunal de aceptar que la Legislatura deba remitir, entre otros informes, la documentación respaldatoria por los subsidios entregados entre junio de 2015 y agosto de 2016 en la sede de calle Muñecas 951, así como los beneficiarios de esas ayudas.

“Excede al Poder Judicial la posibilidad de calificación sobre la bondad, la conveniencia y la eficacia de un sistema presupuestario, o bien, de su ejecución”, señaló Cerutti, citando jurisprudencia de la Corte nacional sobre la competencia de los tribunales judiciales.

En noviembre de 2015, LA GACETA reveló mediante fotos y registros bancarios que la plata de los subsidios entregados por la Legislatura eran llevados en valijas de un banco hasta la sede parlamentaria. El año pasado, el cuerpo legislativo desembolsó $ 615,6 millones en esas ayudas sociales (el 40% de su presupuesto anual global). A raíz del presunto manejo irregular de esos fondos en un período electoral fueron iniciadas diversas causas judiciales.

En junio, el macrista Brodersen, representado por el abogado Carlos Correa, planteó una acción meramente declarativa respecto al reparto de esos fondos (es decir, para que la Justicia se expida sobre la constitucionalidad o legalidad de que los legisladores puedan otorgar ayudas sociales). Al abrir el período de pruebas, la Sala II aceptó lo solicitado por el legislador: que el cuerpo colegiado entregue la documentación respaldatoria por esos subsidios y que el Banco del Tucumán-Grupo Macro remita el detalle de las extracciones registradas entre junio de 2015 y agosto de 2016 de la cuenta prevista para auxilios económicos.

La primera objeción partió desde la asesoría letrada del Poder Legislativo, quienes advirtieron -entre otros puntos- que, a partir del 22 de agosto, las “ayudas sociales a personas” no existen.

Ahora se conoció el rechazo de la Provincia a la medida de prueba dispuesta por la Sala II.

En primer lugar, Cerutti planteó la inconstitucionalidad del artículo 301 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que establece: “serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y substanciación de las pruebas”. Según el letrado, ese texto quebranta “el debido proceso legal”, “la defensa en juicio” y “la tutela judicial efectiva”.

Cerutti consideró luego que existe “una cuestión de orden institucional que no puede ser soslayada”. Advirtió que “un integrante del cuerpo legislativo carece de habilitación por sí para requerir un informe al órgano que integra sin antes recabar, por los mecanismos institucionales propios de su cargo, la solicitud” de esa documentación. Y agregó que Brodersen no demostró haber dado ese paso.

El representante de la Fiscalía de Estado marcó además como “impertinente” la recepción de los recibos de los subsidios como medio de prueba. “La Legislatura es un (...) poder del Estado provincial con autarquía financiera; fija y ejecuta su presupuesto de acuerdo con el sistema de administración financiera vigente en el ordenamiento jurídico provincial”, añadió. Y remarcó que todos los subsidios estuvieron sujetos al control del Tribunal de Cuentas, sin que surgieran observaciones.

Brodersen, a través de su abogado, refutó el planteo de la Provincia. “Lejos de ser inconducente, la prueba ofrecida constituye una oportunidad única para la Honorable Legislatura de mostrar (la falsedad de) todos los rumores, notas periodísticas y las opiniones que señalan la ilegitimidad en el manejo de la partida para ayudas sociales”, remarcó el macrista.