La semana próxima, la Legislatura dará pasos concretos de cara a dos reformas que, de ser aplicadas, tendrán un impacto directo en la vida institucional de los tres poderes del Estado provincial.

El jueves se celebrará una sesión para debatir la modificación íntegra del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Más allá de algunas diferencias puntuales, como la cuestión de los fueros e inmunidades para funcionarios públicos, en el oficialismo y la oposición coincidieron en que la actualización de esa normativa procesal (rige desde la década de los 90) le aportará transparencia y celeridad a las causas penales tramitadas en el Poder Judicial de Tucumán.

En paralelo, está confirmada la puesta en marcha de la comisión especial para la Reforma Política y Electoral de la Provincia. El martes serían oficializados los integrantes de ese comité (participarán miembros de todos los partidos con representación parlamentaria). Los cambios normativos, en este caso, repercutirán de manera directa en los comicios provinciales de 2019, que definirán el recambio de autoridades en el PE y la Legislatura.

“Tres años de labor”

La agenda de la semana próxima fue definida ayer, en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria que presidió el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Participó además la mesa de autoridades de la Cámara, integrada por los legisladores Julio Fabio Silman (PJ, titular subrogante del cuerpo), Guillermo Gassenbauer (PJ, vicepresidente 1°) y Ariel García (UCR, vicepresidente 2°). Como representantes de los bloques políticos estuvieron Nancy Bulacio (secretaria de la bancada oficialista Tucumán Crece), José María Canelada (presidente del bloque UCR), Silvio Bellomío (vicepresidente del bloque Peronismo del Bicentenario; ayer reemplazó a la jefa de esa bancada, Stella Maris Córdoba, de viaje en EEUU), Claudio Viña (Fuerza Republicana), Luis Brodersen (bloque PRO-A), el radical Luis González (bloque Arturo Illia) y el dirigente sindical Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad).

Silman confirmó que la sesión para debatir el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán tendrá lugar el jueves próximo, a partir de las 8.30. El ex intendente de Alderetes anticipó que no habrá períodos de homenajes ni de manifestaciones generales. “Sí habrá un reconocimiento para quienes trabajaron (en el anteproyecto). Son tres años de labor. Esta composición legislativa le dio dictamen (a la iniciativa), pero hay dos años previos de trabajo también”, remarcó. Aclaró que serán entregadas unas 30 distinciones a funcionarios del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo que elaboraron la propuesta, así como a miembros de los colegios de abogados del sur y de la capital, entre otras entidades.

“Será importante para Tucumán que pase a tener un Código Procesal Penal de vanguardia en Latinoamérica, no sólo en la región”, se entusiasmó Silman.

El radical Canelada también destacó los beneficios que implicaría la legislación, cuya implementación debe ser resuelta por el Poder Judicial -se espera que, por la magnitud de los cambios, transcurra al menos un año hasta su aplicación absoluta-. “Hubo (consenso) en el 99% de los puntos. Desde la oposición emitimos un dictamen de minoría, porque no estamos de acuerdo con el régimen de inmunidades (para funcionarios públicos). Se está cometiendo un error, porque se extienden los fueros a otros poderes del Estado. En Tucumán se debe acabar con los privilegios”, indicó el opositor. De todas formas rescató que proyecto, en general, “tiende a que haya celeridad y transparencia” en los procesos penales del ámbito provincial.

Unos 20 integrantes

Canelada ratificó que, en Labor Parlamentaria, se acordó la puesta en marcha de la comisión especial para la Reforma Política. Para el martes, cada uno de los partidos con representación parlamentaria (desde los tradicionales, como el PJ y la UCR, hasta los que participaron como “acoples” del oficialismo y de la oposición) deberán proponer un miembro. Está previsto que participen unos 20 legisladores. “(La reforma política) es una deuda del poder político para con los tucumanos. No nos olvidamos de lo ocurrido en agosto del año pasado en Tucumán; no queremos que vuelva a suceder”, indicó Canelada.

Proponen una revisión de límites

En el marco de la reforma política, dos legisladores oficialistas elevaron un proyecto de resolución para crear una comisión especial que revisará los límites territoriales de los municipios y las comunas provinciales.

La iniciativa lleva la firma de Enrique Orellana (preside la comisión de Asuntos Municipales y Comunales) y Eduardo Cobos. El texto propone la conformación de un comité -integrado por siete legisaldores- para el estudio “del ordenamiento territorial, político y administrativo” de los gobiernos locales. Entre los objetivos planteados están: la creación de “una nueva redacción, más clara y catastralmente precisa de la Ley de Límites”; establecer “una nueva categorización de municipios y comunas”; detectar los distritos “sin jurisdicción” municipal o comunal; y “aplicar una correcta política de planeamiento y desarrollo rural, acorde al nuevo modelo territorial que surja” de la labor legislativa.

Aporte de temas a la comisión

El legislador Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) presentó un proyecto de resolución para aportar un temario de posibles asuntos a tratar ante la comisión especial para la Reforma Política y Electoral de la Provincia. En el listado figuran: el “voto joven”, la ley de “cupo femenino”, la revisión de la ley 5.454 (de Partidos Políticos), la instauración de primarias partidarias para la definición de candidatos, la reglamentación de las campañas electorales, las formas de manifestación del voto (papel, sufragio electrónico, boleta única, etcétera), y la reglamentación de la financiación de las campañas electorales, entre otros puntos. “Considero que la limitación al sistema de acoples por ley reglamentaria es perfectamente posible. El inciso 12 del artículo 43 de la Constitución provincial establece ese régimen como una preferencia, pero no es obligatoria”, señaló el legislador macrista, oriundo de Aguilares.