“Si se va la gente es por algo”, sintetizó Ángel Morales, titular del gremio de los no docentes, Apunt. Lo dijo en referencia al éxodo de afiliados de la obra social de la Universidad, Asunt, que se viene produciendo en los últimos años a favor de Osfatun.

Ayer LA GACETA publicó un informe que daba cuenta de la crisis que arrastra la obra social universitaria, con un déficit de unos $10 millones. Entre las causas que se mencionaban, la desafiliación sistemática era una de ellas. Desde 2006, año en que el Consejo Superior aprobó una resolución (N°1786/2006) sobre la “libre afiliación”, se fueron más de 1.800 titulares. La mayoría a Osfatun y en menor medida a otras obras sociales, como Osde y Prensa.

Morales dijo que la obra social no docente se creó a nivel nacional en 1986 y que la filial Tucumán se abrió hace unos cuatro años. En estos momentos cuenta con más de 1.800 (coincide con la cifra que se fue de Asunt) a los que hay que sumarles adherentes y familiares.

Destacó las ventajas de Osfatun; entre ellas, que no se cobran las órdenes de consultas ni recetarios como sucede en Asunt. “Por supuesto que esa resolución (del Consejo) nos favoreció porque empezó a pasarse gente a la nuestra porque es mejor; incluso docentes”, afirmó. Entre las afiliadas a Osfatun, Morales destacó que se encuentra la decana de Artes, Raquel Pastor.

“El problema es que hay un desmanejo que lleva años en Asunt. No hay claridad y siempre va camino a la quiebra. Y la UNT mete la basura bajo la alfombra”, señaló sin vueltas el gremialista.

El jueves hay elecciones del estamento docente para renovar a los tres representantes en el directorio de la obra social. La semana pasada se produjeron algunos inconvenientes con la oficialización de la lista de Adiunt, lo que ponía en riesgo su participación. Pero también a este escenario se sumaron protestas sorpresivas del personal por la situación que atraviesa la Acción Social.

Además, el balance 2015 sigue en análisis y todavía no ha sido aprobado por el Consejo Superior. Presentaría algunas irregularidades, según trascendió, como por ejemplo la falta de comprobante por el envío de $2 millones que habría recibido desde el Ministerio de Salud de la Nación en enero de este año y que se incorporaron al balance, pese a no pertenecer al ejercicio 2015.