Pedro Obando, oriundo de Ingeniero Budge (Buenos Aires), regresaba el 25 de febrero pasado de una fiesta familiar hacia su domicilio cuando fue abordado por dos jóvenes que le pidieron dinero. “Accedí, pero éstos sin mediar palabras comenzaron a apuñalarme”, relató la víctima, quien permanece internada en estado reservado en el Hospital Andrés Isola y, pese a la cantidad de puñaladas recibidas, nunca perdió el conocimiento. Le quitaron 100 pesos, el celular y un par de zapatillas y le dejaron el cuchillo clavado en su cuerpo pensando que estaba muerto.
El adolescente de 16 años quien fue autor material del hecho fue detenido horas después por la Policía y procesado judicialmente por el delito de “homicidio en grado de tentativa en concurso con robo agravado por el uso de arma”. También fue detenido su cómplice de 15 años, que fue entregado a sus padres por ser inimputable.
"Ya no lo puedo controlar. Por eso lo traigo acá”, dijo la mamá del agresor cuando entregó su hijo en la comisaría, detalle que parece ser que la jueza Stella Eizmendi no tuvo en cuenta. Generalmente, en estos casos los jóvenes son enviados a un instituto de recuperación que existe en Puerto Madryn y en Trelew.
La Fiscalía de Puerto Madryn había imputado al menor por el intento de homicidio y robo, y pidió que fuera a un centro de rehabilitación provincial para menores. Sin embargo, el fallo de Eizmendi decidió que se le preparen al joven “actividades socio culturales y educativas para que tengan como fin fortalecer su dignidad y valor social que promuevan su reintegración”.
“Se trata de un niño y debe ser preservado y no sólo debe tenerse en cuenta las circunstancias que amerita la protección de los derechos constitucionales de una persona mayor de edad sino que tiene el plus por ser niño”, afirmó la jueza en su resolución. Y agregó que “es sólo un niño de 16 años” que “se encuentra en una situación de vulnerabilidad”.