BUENOS AIRES.- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, recibieron uno de los reveses judiciales más duros desde que la viuda de Néstor Kirchner dejó el poder.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex jefa de Estado y a sus hijos por considerarlos posibles jefes de una asociación ilícita. Además, les prohibió que salgan del país mientras se desarrolle la causa penal, en la que se investiga si el grupo familiar conformó la sociedad “Los Sauces” para explotar un hotel en El Calafate, Santa Cruz, y así recibir -a modo de retorno- supuestos pagos de alquileres por parte de empresarios beneficiados con la ejecución de la obra pública durante la gestión “k”.

Bonadio dictó además un embargo sobre los bienes de Cristina y de Máximo Kirchner ($ 130 millones a cada uno) y de Florencia Kirchner ($ 100 millones). En la resolución también figura el procesamiento de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a quienes les dispuso un embargo similar al de la ex mandataria.

Cristina criticó a través de su cuenta de Twitter la resolución judicial, y denunció supuestos acuerdos entre la Nación y Bonadio. “La gravedad de la situación que aflige a millones de compatriotas por el desastre económico y social que este Gobierno está provocando, sumado al desamparo que están sufriendo numerosas provincias argentinas inundadas, no se soluciona con montajes mediático-judiciales”, protestó la ex jefa del PEN.

El magistrado, a quien Cristina vincula desde hace meses con la gestión de Cambiemos, consideró que el sumario aportó elementos suficientes “para determinar, en principio, que tanto Cristina Fernández y Máximo Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre (Néstor Kirchner), ingresó Florencia Kirchner”. Además Bonadio procesó como supuestos organizadores a los empresarios López y a su socio Fabián De Sousa, a Báez y a Osvaldo Sanfelice, amigo de los Kirchner.

En total Bonadio dictó 21 procesamientos que alcanzaron además a los hijos de Báez (Martín, Luciana y Leandro Baéz); a la sobrina de la ex Presidenta, Romina de los Ángeles Mercado (es hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner), y al contador del grupo Victor Manzanares, entre otros.

Bonadio aludió a un sistema de pago de supuestos retornos mediante cheques como un “último eslabón de devolución de dinero” a la familia presidencial. “Leandro Báez, Luciana Báez, Alejandra Jamieson, Lisandro Donaire, Martín Samuel Jacobs y Claudio Fernando Bustos se encontraban en ese último eslabón de devolución de dinero mediante cheques, (operatoria) pergeñada por Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y organizado por Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa, Osvaldo José Sanfelice y Víctor Manzanares”, resumió el juez federal, en un auto de procesamiento que tiene 396 páginas.

El magistrado le adjudicó a la ex Presidenta un “rol preponderante” en el manejo de la supuesta “banda” u “organización delictiva”. Dijo que “impartía directivas” y que era la responsable del “direccionamiento y control” de los fondos públicos a la hora de encarar los “negocios espurios” denunciados. “La asociación ilícita estuvo conformada en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández, quienes en forma conjunta con distintos funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido grupo de empresarios cercanos, entre los que se destacan José Sanfelice, Lázaro Báez y Cristóbal López, se habrían dedicado en forma constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”, redactó el juez Bonadio. (Télam-DyN)