Reparación histórica

En septiembre del año pasado hicimos, con mi abuelo “ilusionado” de 87 años por entonces, todos los trámites para la promocionada Reparación histórica. La diferencia no era mucha, en cuanto a valores, pero teniendo en cuenta su estado y edad (era/es prioritaria para mayores de 80 años, etcétera). Hoy mi abuelo cumple 88 años, pasaron seis meses, que son siete porque la abogada (que se entera antes) ya nos comunicó que en abril tampoco sale. Con el aumento de ley, ya casi estamos en los mismos valores “prometidos” por entonces. Claro está que mi abuelo renunció a toda acción judicial por diferencias, para acogerse a este “boom”, merecido para los jubilados. Mi abuelo fue estafado por el Estado: firmó renuncia a litigios por “aumentos” de haberes, que a su edad saldrían prontamente. Mentira, estafa... reitero, y fundamentalmente, profunda desilusión de un abuelo más, que no sabe si “verá” y le “servirá” este acto de falsedad del Estado.

Fabio Talamazzi
fabio_099@hotmail.com


El paro y el tránsito

Con la actual huelga se ha obstruido el tránsito en las más importantes calles y accesos de la ciudad y de otras provincias. No han sido obstrucciones anónimas: los autores se han identificado con manifestaciones y folletos que mencionaban a qué sector pertenecían. El artículo 194 del Código Penal establece la prisión que se merece “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes”. Pero para aplicar esta pena se requiere una “denuncia”, y que los acusados sean condenados por la justicia luego de un largo proceso (un imposible en nuestro país). Pero hay, además, otra sanción aplicable a los culpables, que es la caducidad de la licencia habilitante a los conductores, cuando deliberadamente obstruyesen la vía pública, “cualquiera fuese la causa invocada”. Lo mismo en el orden nacional. De modo que las autoridades y los fiscales y jueces provinciales y federales debieran, sencillamente, cumplir lo ordenado. La norma no dice que podrían caducar sus habilitaciones, ni que el municipio estaría habilitado a hacerlas caducar si ese fuera su criterio, sino que imperiosamente dispone: “se producirá la caducidad de la licencia habilitante”, sin dejar ningún lugar a dudas ni margen para que se elija aplicar esa pena u otra distinta. También aclara: cualquiera fuese la causa invocada, así que de tratarse de una huelga lícita, de un paro legal, de una manifestación pacífica, igual debe caducar la licencia por imperio de la ley. Paralelamente el entorpecimiento a la libre circulación atenta contra principios elementales, previstos en la Constitución Nacional y en nuestra Carta Magna Provincial. Asusta la impunidad. Quienes violan las normas deben recibir las sanciones previstas. ¿O las sanciones deben aplicarse sólo a las faltas menores y cuando no implican una pena grave?

Jorge B. Lobo Aragón
Camino del Perú 1.575
San Miguel de Tucumán


El paro II

Adhiero totalmente a los conceptos del lector Daniel Chavez (3/4) y aprovecho para felicitarlo por este medio ya que registra correo postal y no electrónico. Sus precisos comentarios junto al contenido periodístico de la página 3 (4/4) -“Diálogo Trunco”- me motivan a escribir estas líneas. La polémica por el “choripán” la originan los mismos sindicateros y demás organizaciones “sociales” (piqueteros) pues ven peligrar el derecho de autor de tal referencia cuando lo manifiesta nuestro Presidente. Pero lo más conmovedor es leer las diatribas de los referentes de la CGT (Martínez, Acuña, Daer, Schmidt). Son tan sinvergüenzas que aún pretendiendo engañar a párvulos de dos años, no lo consiguen; pero sí lo hacen con todos los que tienen atrofiado el andamiaje racional y que reaccionan sólo con dos palabras: Perón y Evita e inmediatamente levantan la mano. Después se inundan; pierden todo; ayudan a la ignorancia de sus hijos al apoyar paros docentes sin sentido; y les fascina ser el Lázaro esperando que caigan las migas de la mesa del rico Epulón. La referencia de mafiosos que se hace de los sindicalistas tiene su origen en el nacimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión por decreto N° 18.664 del 31/12/1943. Allí Perón tenía en sus manos todos los resortes del poder y disponía de ellos según las reglas impuestas por él mismo. Organizó sindicatos donde hubiere empleados y empleadores, asegurando su apoyo incondicional a los primeros y amenazando con severas sanciones a los segundos si no accedían a las pretensiones del empleado. Los obligó a declarar la huelga no para defender los derechos e intereses de los obreros sino para dividir con estos, por mitades, el importe de los aumentos. Este sistema de extorsión le proporcionó miles de millones de pesos con los que pudo enfrentar con ventajas su formidable campaña electoral, en procura de la presidencia constitucional. Fue un inescrupuloso comprador de votos, embaucador de paisanos inocentes y dispensador de favores a cambio de la sumisión. Con ese pecado original nacieron los sindicatos y con esa conducta inmoral, los sindicalistas. Ejemplo paradigmático: Baradel no es docente, está al frente del sindicato docente y se da el lujo de gastar más de medio millón de pesos en la fiesta de 15 de su hija. Un paro como el de ayer nos costará a los que queremos una Argentina en paz $ 15.000 millones.

Luis Vides Almonacid
luisvides47@yahoo.com.ar

Argentina y una historia sin fin

Tras la caída del régimen militar, en los años 80 y 90, Argentina no terminó de estabilizarse: devaluaciones e hiperinflaciones, desempleo y escándalos de corrupción, defaults. Las renuncias presidenciales fueron capítulos calamitosos; se habla de la crisis económica, social y política que sacudió al país en 2001; y tras 15 años, aquellos 19 y 20 de diciembre que dejaron 34 muertos, cientos de bancos y comercios asaltados, decenas de protestas y cacerolazos y cinco presidentes en menos de un mes. El entonces presidente Fernando de la Rúa se negó a devaluar y el 3 de diciembre decretó el famoso “corralito”. Millones de argentinos tomaron las calles, las protestas se desbordaron y De la Rúa renunció. Argentina no terminó de estabilizarse: las devaluaciones e hiperinflaciones, el desempleo y los escándalos de corrupción son moneda corriente en esta nueva gestión de Macri. Persiste la incapacidad del Estado de actuar y resolver definitivamente esta crisis; el Presidente ha prometido acabar con los vicios de la política, pero en su primer año en el poder ha negociado con los grupos que reciben subsidios, lo que absorbe buena parte del gasto público. Desde que Macri llegó al poder, nuestro país está lejos de las hiperinflaciones de los 70, 80 y 90, pero aun tiene una de las más altas del mundo: 40% anual. Rosendo Fraga expresó: “Todo el mundo sabe que la solución pasa por congelar el gasto público y reducir el déficit fiscal” así como mejorar la calidad de la educación, de la seguridad de nuestro país. Mientras no haya una solución de fondo del bache fiscal, que ponga los costos en su justa medida y nos volvamos competitivos, no vamos a generar esa confianza. Hoy, el país tiene uno de los mayores índices de América Latina: 32% de la población es pobre, consecuencia de falta de políticas acordes; la pobreza sigue siendo un problema de fondo. La pobreza en Argentina se ha consolidado, no sólo entendida como el conjunto de desempleados, sino como una sociedad, una cultura de vida. El gobierno de Macri reconoce el problema, pero le está costando mucho y no lo está haciendo con la receta correcta.

Julio Argentino Gómez

julioargentino2@arnet.com.ar