Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, consideró que, en aras de la transparencia y del interés público involucrado en la causa “Teves”, resultaba prudente solicitar el traslado inmediato de la relatora Jimena Suárez y del secretario Mario Visuara, y así se lo comunicó el lunes a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pedicone dijo este lunes que Visuara había omitido informarle la existencia de un recurso de queja por retardo de justicia contra la fiscala Adriana Giannoni (N°8) presentado por la acusada Roxana Teves. Respecto de Suárez, el camarista manifestó que había una situación de parentesco con la fiscala mencionada (es hija).

Los otros dos camaristas, Liliana Vitar y Eudoro Albo, también dejaron notas en la Corte, pero para informar que Pedicone había actuado unilateralmente y que se habían enterado del pedido de traslado en forma extraoficial. Además, solicitaron participación en la decisión sobre Visuara y Suárez, como correspondía a un tribunal colegiado, que adoptaba sus resoluciones por unanimidad o mayoría. Los pares de Pedicone dijeron que Suárez había sido designada relatora por solicitud de Albo, por lo que debía ser él quien modificara la situación de servicio. En un diálogo con LA GACETA, Albo explicó que desconocía qué había pasado en la Cámara el lunes. Trascendió que Pedicone había protestado porque se enteró del recurso de Teves por la edición dominical de este diario. Antonio Gandur, titular de la Corte, dijo que hoy a las 12 se reunirá con los demás vocales para tratar la situación.

La publicación que generó el sismo interno daba cuenta de que Albo había devuelto a Teves su queja por retardo de justicia e indicado que debía dirigir el reclamo al jefe de Giannoni, Edmundo Jiménez, o a la Corte. Teves había planteado que iba a la Cámara porque no podía acudir a Jiménez puesto que considera que este tiene interés en que su causa no vaya a juicio oral, como pidió la propia Giannoni en septiembre 2015. Teves dijo que quiere ser juzgada para exponer su versión de que, lejos de cometer los delitos que le endilgó Carolina Severini, fue extorsionada por un grupo de jueces y abogados supuestamente afines a Jiménez, y que, por ello, debió renunciar a sus derechos sobre un patrimonio de U$S 5,2 millones. El caso sigue en manos de Giannoni, que negó los retrasos. Ningún juez se expidió aún sobre el juzgamiento solicitado hace dos años. Teves llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras que el Colegio de Abogados de la Capital denunció en 2015 que este proceso era un ejemplo de la actuación extorsiva de la Justicia penal.