MADRID.- La unidad española entró este fin de semana en territorio desconocido, por primera vez en sus 40 años de democracia. Es una nueva etapa en la relación de las autonomías con el poder central.

El plan de Mariano Rajoy para destituir al gobierno de Cataluña, reemplazarlo por funcionarios propios y llamar a elecciones en un plazo máximo de seis meses plantea un escenario más complicado del que se esperaba y puede profundizar aún más la fractura social en la región.

La intervención debe ser aprobada por el Senado, que entre mañana y el miércoles se reunirá para debatirla, y el viernes podría tomar una decisión.

El líder catalán, Carles Puigdemont, dijo que resistirá y el separatismo tildó la intervención de golpe. Convocó hoy al Parlamento para actuar frente a la aplicación del artículo 155, pero no anunció si en esa reunión promoverá la independencia.

Si Puigdemont declara la independencia, la Fiscalía General del Estado prepara ya una querella por un delito de rebelión, que se castiga con 30 años de prisión, según confirmó su máximo responsable, el fiscal José Manuel Maza.

La detención de Puigdemont podría reactivar las movilizaciones separatistas y los pedidos de parte de dirigentes catalanes para que la Unión Europea intervenga para mediar en la crisis.

La respuesta de los separatistas es que hay en curso un golpe de Estado. Así lo dijo la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que asimiló a Rajoy con la dictadura de Francisco Franco, muerto en 1975.

Puigdemont no llegó tan lejos en su lenguaje. Dijo que se trata del “peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde la dictadura”, pero no habló de golpe de Estado.

La fractura política se manifiesta cada vez más con la separación de los partidos entre quienes apoyan la decisión de Rajoy y quienes la ven como un ataque a la democracia.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que -junto con Ciudadanos- respaldó la medida de Rajoy, empezó a sufrir los coletazos de su postura en las tensiones entre el socialismo de Madrid y el catalán. Una muestra de ello es que la catalana Nuria Parlón renunció a la conducción nacional del partido, en desacuerdo con el apoyo al 155.

Para la izquierda de Podemos, lo ocurrido marcó “un día terrible para la democracia española”, reflejó el diario “La Nación”.

En la vereda opuesta, Ciudadanos aplaudió la decisión y definió a Puigdemont como alguien que está “aferrado al poder y fuera de la ley”, según dijo el líder de la fuerza, Albert Rivera.

El socialista Pedro Sánchez, que había pedido a Rajoy que aplique una intervención “moderada”, tuvo que enfrentar críticas en su propio partido.

En Cataluña, con excepción de los minoritarios Partido Popular (PP) y Ciudadanos, todo fueron críticas a la medida. “Es vergonzoso. Es volver a ver la dictadura franquista”, dijo Pablo Rufián, de Izquierda Republicana Catalana (ERC).

Una solución intermedia podría ser que Cataluña llame a elecciones anticipadas, para sacar de en medio a Puigdemont y su entorno. “Unas elecciones generales, quizá coincidiendo con las catalanas, podría ser el instrumento adecuado para que la necesaria negociación posterior quede en manos de figuras recién salidas de las urnas”, destacó el diario español “El País”. Desde el “Govern” catalán, sin embargo, descartaron una convocatoria de ese tipo. Su portavoz, Jordi Turull, llamó a la “culminación del mandato del 1 de octubre”, en referencia al resultado del referendo soberanista, en el que 90% de los votantes apoyó la secesión. (DPA-Reuters)