Siete días después de la tragedia que se cobró la vida de Natalia Vargas, de 28 años, el Gobierno provincial pegó un volantazo repentino y decidió tomar un rol activo en el caso. Hasta ayer, el Ejecutivo había apuntado sistemáticamente al Estado Nacional como responsable de las regulaciones y los controles de los vuelos en parapente, y ayer decidió suspender de manera transitoria el vuelo libre en todo el territorio de la provincia, tanto para la actividad deportiva como para la comercial.
La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por Osvaldo Jaldo, vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo. “Como Gobierno queremos saber qué ha pasado. Queremos saber si las medidas de seguridad están dadas. Quienes nos tienen que dar esta información son las autoridades competentes y también la Justicia que lleva adelante la tarea investigativa. Queremos seguir promocionando y fomentando el deporte pero con las medidas de seguridad correspondientes”, dijo el presidente de la Legislatura. “No es cuestión de echarnos la culpa unos a los otros, entre Nación y Provincia. Nosotros queremos que se esclarezca por qué ocurrió este accidente y, si hay responsables, que rindan cuentas. Como autoridades tenemos que tratar que este tipo de cosas no ocurran en Tucumán y en todo el País”, agregó.
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Las declaraciones de Jaldo contrastaron con las que había hecho el jueves Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, quien durante una reunión con el padre de la víctima, Juan José Vargas, le había dicho que la responsabilidad era de la través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“Nosotros observamos que hay un vacío legal en la actividad, porque la ANAC pone en manos de la Federación Nacional de Vuelo Libre la regulación de la actividad, pero nosotros no encontramos en virtud de qué norma le otorga esa potestad. Por eso hemos solicitado de manera oficial a la ANAC que nos informe cuáles son las normativas vigentes”, le explicó a LA GACETA Claudio Maley, ministro de Seguridad de la Provincia. Esa cartera será la responsable de hacer cumplir los términos del decreto firmado por el Ejecutivo.
“En primer término vamos a notificar a todos los clubes de parapente y prestadores de vuelos biplaza de la suspensión temporaria de la actividad. También vamos a controlar que efectivamente se cumpla la orden de no volar en todo el territorio de la provincia”, señaló el ministro. También informó que no cree que haya necesidad de poner consignas policiales en los despegues, pero no descartó que la posibilidad de hacer recorridas para controlar que se cumpla el decreto.
Según fuentes del Gobierno, en un principio se había planteado la idea de suspender únicamente los vuelos comerciales, no los deportivos. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene claridad respecto de las normas que rigen la actividad en general, por lo que decidió hacer extensiva la medida también a los vuelos deportivos y recreativos.
Reacciones encontradas
La decisión del Gobierno provincial se enfrenta a opiniones encontradas en la comunidad de parapentistas locales. Consultado por LA GACETA, Sergio Bujazha, manager de Loma Bola (el centro de vuelo desde donde despegó Natalia el viernes pasado), cuestionó la medida. “El mismo Gobierno que promociona la actividad ahora la suspende. Ni siquiera tienen la potestad para hacerlo”, reclamó. “Esta medida traerá consecuencias desastrosas. Hay un montón de gente que trabaja de esto”, agregó el manager, en diálogo con este diario.
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Federico Carona, también piloto de parapente pero vinculado al club de vuelo Los Pinos, en San Javier, lamentó que se suspenda la actividad, aunque la considera una medida lógica. “Acá se murió una persona. Lo comercial pasa a un segundo plano. Lo que importa ahora es la seguridad y saber con exactitud qué pasó (se refiere al accidente). Me parece bien que suspendan la actividad y que el Gobierno nos pida toda la información necesaria para conocer cuáles son nuestros mecanismos de seguridad y los protocolos que usamos. Nosotros ya nos estamos organizando para acercarles todo lo que sea necesario”, dijo Carona.
Juan José Vargas, padre de Natalia, estuvo ayer en la fiscalía que conduce María del Carmen Reuter (quien tomó el caso como asunto de feria) y se manifestó conforme con la medida del Gobierno de suspender preventivamente los vuelos hasta tanto haya más claridad sobre el tema.