La Asociación de Trabajadores del Estado Provincia (ATE) realizó ayer el segundo y último día de la “jornada de lucha” de 48 horas iniciada en La Plata y distintos puntos de Buenos Aires, en reclamo por los despidos en varios organismos provinciales y nacionales.

Los estatales acompañaron una recorrida por la casa central del Banco Provincia en solidaridad con los bancarios en actividad y jubilados, y luego participaron de un acampe en las puertas del Ministerio de Trabajo provincial. También se realizó la “Caravana de despedidos”, una recorrida por distintos organismos en reclamo de “estabilidad laboral y reincorporación de los trabajadores despedidos”.

La jornada movilizaciones, cortes de ruta y de calle, volanteadas y asambleas en los sectores de trabajo y plazas públicas. En la ciudad de Azul, trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (Fanazul) continuaron con el corte en la Ruta 3 y 51 para informar sobre el alcance del conflicto y reclamar la reapertura de la fábrica. El cierre de Fanazul, confirmado por el interventor Luis Riva, dejó a 220 personas sin trabajo. En tanto, en Bahía Blanca se llevó adelante una movilización por el cierre de los tres casinos en la provincia: Necochea, Pehuajó y Valeria del Mar.

En la Patagonia

En el sur del país, trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) continuaron ayer en paro para revertir más de 400 despidos, con vigilia en la mina del suroeste de Santa Cruz y acampe en Río Gallegos, la capital provincial, a la espera de negociaciones que se concretarían el lunes y martes próximos.

“Está todo en suspenso hasta que tengamos la reunión con la empresa, que será la semana que viene. Todavía no hay una decisión política de dejar sin efecto los despidos”, dijo el secretario general de ATE Río Turbio, Alejandro Garzón.

“Como hay despidos en varias empresas del estado, donde ATE tiene casi el 80 o 90% de representación sindical, se convocó a una reunión urgente del Secretariado Nacional, donde seguramente será convocado un paro nacional”, informó Garzón.

Con cerca de 3.000 empleados, YCRT es financiada en su totalidad por el Estado nacional, en 2017 contó con un presupuesto de $ 4.700 millones y para este año están previstos $ 3.600 millones.

Según datos proporcionados por sindicalistas y empleados de diversas áreas del Gobierno nacional, desde finales del año pasado se acumulan 1.232 trabajadores públicos en la calle.

En Tucumán, puntualmente, ATE exige la reincorporación de al menos 18 empleados que prestaban servicios en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y en la delegación local del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). (Télam/Especial)