Por segunda vez en poco más de un año, el Poder Legislativo sancionó por unanimidad la adhesión a la ley nacional 27.264, conocida como Programa de Recuperación Productiva o “Ley PyME”.

El gobernador Juan Luis Manzur, quien había vetado la norma original en 2017 -algo que le había valido reproches del presidente, Mauricio Macri-, impulsó en esta ocasión la puesta en vigencia del régimen de fomento para micro, pequeñas y medianas empresas.

El oficialista Osvaldo Morelli, presidente de la comisión de Economía y Producción, señaló que la medida “es de una necesidad importantísima” para las PyME tucumanas. “Les da una estabilidad fiscal tributaria hasta el 31 de diciembre de 2018 en lo relativo a Impuestos sobre Ingresos Brutos (IIBB) y Salud Pública”, afirmó. Sostuvo que esto permitirá a los privados “cierta previsibilidad económica para afrontar sus compromisos fiscales en dos rubros sensibles”. Calificó luego como “un gran paso” la creación del registro provincial de PyME. “Será un instrumento valioso a la hora de pensar en políticas específicas para este sector”, indicó Morelli. Destacó que, según las cifras del Indec, Tucumán registró “una baja en la desocupación, algo inexorablemente vinculado al empleo privado”.

Silvio Bellomío, peronista alineado a Cambiemos, refutó esta postura, y aseguró que el proyecto de Manzur “no tiene ningún efecto positivo para las PyME”. “Hay que tener mucho cuidado con pretender engañar a los tucumanos”, lanzó el vicepresidente de la comisión de Hacienda. Añadió: ¿“De qué estabilidad fiscal hablamos, si en diciembre del año pasado, por mayoría, se aprobó un incremento en la alícuota sobre IIBB?”. Bellomío propuso que el compromiso de no aumentar tributos sea prorrogado al menos hasta diciembre de 2019, e instó a beneficiar a las PyME que inviertan en la provincia.

En el recinto, todos los legisladores alzaron la mano para dar su voto favorable en términos generales al proyecto.

Sin embargo, la oposición rechazó varios artículos de la iniciativa impulsada por Manzur, como en lo referido a la vigencia de la “estabilidad fiscal”. A la salida del debate, varios de ellos firmaron un comunicado conjunto. “No podemos dejar de recordar al Gobierno que esta adhesión fue propuesta tres meses después de que el Poder Ejecutivo generara un impuestazo que asfixió a pequeñas y medianas empresas en Tucumán. Ante todas estas contradicciones, estimamos que el gobernador no impulsó este proyecto con el espíritu de beneficiar a las PyME y hacer crecer el empleo en la provincia, sino que quiso evitar que el Presidente le reclamara públicamente la no adhesión a esta norma nacional. De hecho, el proyecto fue presentado a las apuradas, ante una visita de Macri anunciada para esta semana, la cual finalmente se postergó”, señala el texto firmado por Bellomío, Christian Rodríguez y Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario), los macristas Alberto Colombres Garmendia y Luis Brodersen, y los radicales José Canelada, Adela Estofán, Eudoro Aráoz, Luis González y Fernando Valdez.

La bancada peronista, en el recinto, había respaldado la decisión de reimpulsar la Ley PyME. “Cuando se pide subir un punto en IIBB es para poder pagar sueldos, porque la Nación nos ha ‘matado’: no manda una moneda”, expuso el oficialista Eduardo Cobos.